Según la historiadora, la conflictividad se traducía en actos "individuales" como agresiones o quemas de propiedades
Jesús Rubio. Diario de Navarra (27-10-11)
Navarra vivió un reguero de incidentes, reflejo de una gran conflictividad social, entre el final de la Segunda Guerra Carlista, 1875, y el inicio de la Guerra de Cuba, 1895. Fueron protestas casi siempre "anónimas", como robos, quemas de cosechas, agresiones, que pocas veces llevaban a transformarse en motines o rebeliones abiertas, pero que sí daban cuenta de las tensiones sociales de la época. Así lo indica María Soledad Martínez Caspe (Pamplona, 1967) en su libro Conflictos sociales en Navarra (1875-1895). La obra es el resultado de la tesis doctoral de la pamplonesa, licenciada en Geografía e Historia y coordinadora cultural en el Ayuntamiento de Aoiz.
Según la historiadora, al término de la Segunda Guerra Carlista, "el último gran conflicto social del siglo XIX", las haciendas privadas y públicas estaban agotadas. Eso, para la mayor parte de la población, campesina, les iba a deparar "años nada halagüeños". La conflictividad se manifestó sobre todo en "actos que se cometían de manera individual y anónima, una conflictividad cotidiana cuya reiteración en el tiempo suponían toda una manifestación colectiva por parte de una población rural que en general sólo aspiraba sus condiciones de vida". Eso sí, dice la historiadora, "refleja una sociedad convulsionada".
Estos actos de protesta, que en la época las autoridades calificaban de meros delitos, se articularon en torno "a la tierra, las quintas, la fiscalidad y las cuestiones electorales". Así Martínez Caspe recoge en su libro los intentos de recuperación de los comunales que se habían privatizado, los atentados contra propietarios de la tierra, las quemas de cosechas, pero también las deserciones de quienes no tenían dinero para pagar un sustituto en el servicio militar. "La fiscalidad, por su parte, ponía todo su peso en las personas sin recursos, ya que facilitaba la ocultación del rico. El cambio al catastro por riqueza puso en pie de guerra a los ayuntamientos y la oposición popular se tradujo de nuevo en acciones anónimas como atentados contra los recaudadores o quema de portazgos".