En el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza del 28 de septiembre de 2015, se aprobó la modificación del Reglamento de Protocolo. Según la nueva normativa protocolaria, la asistencia a los actos religiosos será de obligado cumplimiento para el alcalde y los concejales. No se incluye en esta obligación perentoria, no se sabe si como deferencia o por ingrato olvido, a los ujieres y demás funcionarios del ayuntamiento. Tal dádiva protocolaria se debe a los votos del PP, del PSOE y del CHA. Cada formación política regodeándose en las aguas turbias de sus motivos particulares. Faltaría más. Pero el resultado ahí está.
A partir de ahora, todos a la procesión, quieras o no, seas ateo o musulmán, budista o tonto del culo.
Tal decisión, no solamente deja con el culo al aire la no confesionalidad del Estado, sino, también y sobre todo, la libertad ideológica y religiosa tomada esta de forma individual sin aditamentos de ninguna clase, tal y como formula el artículo 16.1 de la Constitución: “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”.
Difícilmente podrá un alcalde o un concejal ejercer su libertad religiosa si debe asistir obligatoriamente a una ceremonia confesional. Particularmente, Hacía mucho tiempo que no me enfrentaba a una decisión tan absurda, tomada, además, por cerebros que pretenden dirigir la salud mental política de la ciudad. Es un decir, claro. Y se ven obligados, además, por una institución pública que, como parte del Estado y por mandato constitucional, es una entidad aconfesional, ajena por completo a cualquier fe religiosa. Y es ella, precisamente ella, la que obliga a sus inquilinos a asistir obligatoriamente a lo que ella misma, como institución, jamás debería prestarse… El acabose. Ni Kafka hubiera imaginado argumento tan magnífico para describir las aberraciones a las que puede conducir una mente burocrática.
Hemos visto perpetrar muchos despropósitos, pero este será de los que colmen el vaso de la irracionalidad más esplendente. La decisión municipal atenta, no solo contra la lógica más elemental, sino contra la Constitución que establece que estas decisiones y conductas han de tomarse de forma voluntaria y sin coerción, pues, si no, dejarían de ser libres.
El ayuntamiento de Zaragoza se ha posicionado, gracias a la incuria intelectual del PSOE, pero no solo, obviamente, en contra de lo que aconseja la Constitución. 
Una imagen para el recuerdo carpetovetónico de este país. ¡El ayuntamiento obligando a los alcaldes y a los ediles a asistir a procesiones confesionales en un Estado aconfesional! Pero ¿qué disparate monumental es este?
Una institución pública aconfesional, que debe mirar por el respeto a la libertad individual de cualquier naturaleza, se enfanga en el oscurantismo al dictaminar la obligatoriedad de sus concejales para que asistan sin chistar a un acto de carácter religioso. Y ello sin importarles lo más mínimo si los concejales en cuestión son ateos, musulmanes, deístas, agnósticos o tontos del trigémino.
¡Biba la livertad relijiosa!
Pensábamos que el carácter obligatorio de asistencia a actos de carácter religioso se había ido al desierto de Gobi con el Innombrable y con él el nacionalcatolicismo, ese fascismo de la fe nada camuflado al que estuvimos obligados a esnifar aunque fuera de modo cínico, hipócrita y, sobre todo, silencioso durante tantísimos años. ¡Qué ingenuidad!
El PSOE nos la ha vuelto a pegar y se ha pegado él mismo contra su propia cerrazón. El PSOE nos ha vuelto a recordar que con él no van los principios, la ética, la congruencia, la palabra dada, la constitución y las decisiones que toman en sus congresos federales. Harto estoy de escuchar a sus prebostes más lenguaraces que el cuerpo doctrinal de su ideología les pide suprimir los acuerdos nefastos con la santa Sede. Y, luego, ante una decisión tan elemental como la presente, se escurren como bayeta de cocina.
El PSOE se lo tiene que mirar. Lo suyo es esquizofrenia política. No se aclaran aunque se diga que han actuado así, porque buscan los votos de la ciudadanía. Que no. Que la ciudadanía hace tiempo que no permite que se la den con queso con agujeros.
La grandilocuencia socialista en estos temas es tan soberbia como inicua La palabra laicismo se les hace en la boca coca cola light, pero en cuanto deben aplicarlo de forma pragmática, incluso en tareas menudas, les entra una diarrea monumental. Se escudan en mil y un pretextos, la tradición, la costumbre, las creencias, Chindasvinto y la Virgen del Pilar.
Aclárense. Necesitan un congreso para hablar de estos asuntos y asumir una decisión común, porque, cada vez que dicha cuestión se lleva a los plenos de los ayuntamientos de España, los pilla groguis, y así vemos cómo unos ediles se van por Oriente y otros por Occidente. Como diría Romanones: “¡Qué tropa!”.
La situación es muy grave, porque la decisión del municipio de Zaragoza, además de atentar contra el pluralismo y la aconfesionalidad, lo hace de forma indecente contra la libertad individual religiosa consagrada por la Constitución. Y eso sí que no.
Bien `podría decirse que la decisión tomada por el Ayuntamiento de Zaragoza es una decisión anticonstitucional. El Ayuntamiento de Zaragoza se ha colocado a la misma altura –o bajura mental y racional- que el propio Ejército, que no tiene escrúpulo en obligar a sus soldados a asistir a procesiones religiosas en contra del derecho inalienable de la libertad religiosa del individuo que asiste a éste.
Las fiestas de Zaragoza no son ni más laicas, ni más religiosas con la presencia o no de los ediles de Zaragoza en la ofrenda floral o asistiendo a los faustos folclóricos en honor de la virgen del Pilar. Serán lo que siempre han sido: una manifestación más del fetichismo religioso en el que muchas personas hacen convivir su irracionalidad metafísica ocasional con su inteligencia cotidiana y permanente.
Resulta paradójico que se diga que la asistencia del alcalde y los concejales a tales ceremonias representarán mejor a la ciudad que, a fin de cuentas, es su deber. ¿Lo es? No. Dicha representación sería posible si la ciudad fuese confesionalmente un monolito homogéneo y uniforme. Pero resulta que es todo lo contrario. La ciudad es un conglomerado plural donde conviven todo tipo de creencias y confesiones, y, por supuesto, los no creyentes.
La ciudadanía debería reparar que en asuntos de fe, de religión, de creencias metafísicas solamente ella es capaz de representarse a sí misma. ¿Acaso el acto de fe, al que asisten ciertos ciudadanos, pierde su transcendencia metafísica ante el objeto/sujeto de su devoción pública, que no es otro que el Altísimo, si no asisten a él los políticos?
Tratándose de un acto religioso, donde se supone que lo más importante es la relación de uno con su Dios particular, lo demás debería importar un guano. La asistencia de los políticos que se deben a un Estado no confesional tendría que ser a estas alturas una anécdota. Contentos tendríamos que vernos al gozar de la libertad que consagra la constitución para hacer lo que cada uno quiera en materia religiosa y confesional.
La gente que asiste a una manifestación religiosa no necesita que la represente nadie. Ella es su propia representante. Así que una razón más para que la obligatoriedad del alcalde y de los concejales resulte todavía más ridícula. Los ayuntamientos no deberían perder ni un minuto de su tiempo en estas cuestiones, porque estamos en un Estado en un Derecho Aconfesional, donde constitucionalmente se legisla a favor de la libertad religiosa. Y punto.
A no ser que, gracias al hecho de asistir a este tipo de actos confesionales, los ediles se vuelvan por ósmosis más honrados, más inteligentes y más coherentes. Y más piadosos, claro. Pero no parece que este sea el resultado final, ¿no? Lo fue en el caso de Belloch. Pero Belloch iba para obispo. Y eso se notaba.
