No existe ayuntamiento que, iniciadas sus fiestas populares, no se lleve la constitución por delante. La constitución y parte sustanciosa del erario, despilfarrado en insustancialidades mayúsculas.
En junio de 2011 de esta legislatura, contaba la concejala Edurne Eguino (IE) que 14 concejales del municipio habían decidido tomarse las medidas para hacerse el traje de gala y lucirlo en la procesión de san Fermín del 7 de julio. Ellas de roncalesas y ellos de frac. Si cada traje de roncalesa dicen que cuesta 3000 euros, más el mogote de los respectivos frac, habrá que suponer que se trata de un buen golpe a las arcas municipales. Nadie en su sano juicio económico se compraría un traje de esas características que solo usará cinco días al año. ¡Pero como lo paga el erario! Para más inri, Edurne Eguino recordaba que el traje de frac lo vestía la aristocracia para diferenciarse de la plebe. Por eso, en los años 70, aquellos añorados concejales del tercio familiar, Muez, Velasco y Martínez de Alegría, renunciaron a “disfrazarse de caballeros”, pues ellos eran sencillamente unos obreros al servicio de la ciudad. Igualico que los socialistas de hoy.
El despropósito se colmaba al saber que, de las cinco veces posibles que estos concejales aristocráticos usarían este traje, lo hacían para asistir a procesiones religiosas, es decir, a conculcar de manera manifiesta y consciente el principio de aconfesionalidad que rige la constitución y que ellos, como representantes públicos, no pueden ni deberían transgredir.
Algunos pensarán que Iruña, dada su historia de meapilas irredenta, será la ciudad más anticonstitucional de las que pululan en el estado plurinacional actual de las autonomías. Es decir, una ciudad que se cachondea del artículo 16. 2 y 3 de la Constitución a todas horas, donde se establece respectivamente que «nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias» y que «ninguna confesión tendrá carácter estatal».
¿Lo es? No. Hay ciudades, como la de Zaragoza, donde un alcalde socialista ha convertido el ayuntamiento en una prolongación del despacho del arzobispo, Manuel Ureña, aquella concavidad craneal que decía que «el cigoto tiene los mismos derechos que un ser de 40 años”. A pesar de que el ayuntamiento maño esté regido por un socialista, da sopas con obleas nacionalcatólicas al de Iruña, dirigido por Maya y sus acólitos, que son de la derecha genética y de las Jons. Pero no nos engañemos. Socialistas y derechas en este asunto se han portado de modo tan uniforme como permanente.
Desde que se implantó la constitución en 1978, las conculcaciones de la no confesionalidad del Estado por parte de los representantes públicos son infinitas. Recuerdo, por su significado, aquella anécdota protagonizada por el socialista Julián Balduz -por cierto elegido alcalde con los votos de HB-, en la misa en honor de san Fermín celebrada el día 7 de julio de 1981 y a la que asistió la corporación municipal. Un acto anticonstitucional, cuya perversidad entonces no resultaba tan escandalosa como hoy, cuya sensibilidad laica está mucho más pronunciada, gracias a Dios, que diría el sarcástico.
Monseñor Cirarda, alias Cirardeta, en la misa no estrechó su mano al alcalde para darle fraternalmente la paz porque este era divorciado y vivía amancebado con Camino Oslé. El resto de los concejales, en lugar de marcharse del lugar, desfilaron ante Balduz para estrechársela con abrazo incluido. Completaron la faena anticirardeta las peñas en los tendidos de la plaza de toros gritando “oslé” –en lugar del olé tradicional-, a las faenas del torero.
La actuación autoritaria de Cirarda tenía que haber sido el principio del fin del sometimiento de los partidos y concejales a la Iglesia y su liturgia, pero no lo fue. Partidos y concejales siguieron asistiendo a esta misa y demás procesiones con los sucesivos arzobispos, Sebastián y Pérez González, los cuales, para no variar han convertido dicho acto en una homilía contra el pluralismo religioso y contra los más elementales derechos de las personas, sobre todo de las mujeres, y recordando siempre la superioridad moral de la Iglesia respecto al poder civil. ¿Y qué hacen los concejales cuando son tratados como inútiles siervos? Nada. Que se sepa, nunca un concejal se ha levantado de su asiento y le ha gritado al monseñor correspondiente: “¿Por qué no te callas?”. Eso, o levantarse del asiento, hacer una peineta ad hoc y marcharse.
Si reparamos en el programa de festejos sanfermineros de este año, aparecen unos actos religiosos incompatibles con el carácter aconfesional de una institución pública, como es el Ayuntamiento de la capital. Cuando la corporación municipal programa y asiste a dichos actos, se comporta al modo franquista-nacionalcatólico, pero, sobre todo, de modo anticonstitucional. Lo que repugna a la razón, dado que dichos políticos defienden el texto constitucional como si en ello les fuese la vida.
Así, por ejemplo, el día 6, a las 20:00, se celebrarán vísperas solemnes de san Fermín, en la Iglesia de san Lorenzo. El día 7, a las 10:00, la Procesión de san Fermín, donde la propia corporación recibe al Cabildo y juntos se dirigen a la capilla de san Fermín, a celebrar misa solemne enhonor del Santo, presidida por el Arzobispo de Pamplona y el Cabildo Catedralicio. El día 11, ofrenda de los niños a san Fermín. El día 13, misa de Mayores en la capilla de san Fermín. El día 14, Octava de san Fermín, donde la corporación municipal se dirige a la parroquia de san Lorenzo.
Ninguno de estos actos debería figurar en el programa de fiestas de san Fermín elaborado por el Ayuntamiento. No son compatibles con el carácter aconfesional de dicha institución pública. El ayuntamiento se debe a toda la ciudadanía y esta, que se sepa, es pluriconfesional. Establecer actos de carácter religioso confesionalmente católicos en el programa municipal significa que el ayuntamiento está actuando de forma sectaria, pues solamente contempla la existencia de una determinada confesión religiosa, la católica, pasándose a la garrocha al resto de las confesiones, así como al personal que no es ni chicha ni limoná, es decir, ateo, y otros, que siendo creyentes, defienden el pluralismo teórico y práctico confesional como manda la constitución.
¿Significa esto que dichos actos no deben realizarse? No. Lo que se afirma es que estos actos no deben figurar en un programa confeccionado por una institución aconfesional; y, en segundo lugar, que el ayuntamiento no debe asistir a ninguno de estos actos religiosos. El ayuntamiento, cuando hace propaganda confesional religiosa, se sitúa fuera de la constitución, y, mucho más, cuando asiste como corporación a dichos actos optando por una determinada opción religiosa.
Si cierto sector de la ciudad se pirra por estos actos, no tiene por qué prescindir de ellos. Pida al arzobispado que elabore un programa religioso confesional particular durante las fiestas de san Fermín y lo cumpla dentro de las propias parroquias asistiendo a ellas quien lo desee.
Desde que se aprobó la constitución en 1978, el ayuntamiento ha demostrado una voluntad para doblar fácilmente su espinazo ante las exigencias de la Iglesia, pero ninguna para cumplir la no confesionalidad que dicta la constitución.
Es evidente que, para el Ayuntamiento, lo que manda la Iglesia es más importante que lo que exige la Constitución. Mientras sea así, y no parece que dada la actual actitud de los políticos la cosa vaya a cambiar, tenemos nacionalcatolicismo para rato.
