Pamiela

Semana ésta de leyes, de leyes que unen y de leyes que separan y enconan. Leyes más a gusto de unos que de otros, En Madrid la derecha celebra las vísperas de una nueva Ley de Orden Público camuflada detrás de una seguridad ciudadana, que en las estrictas palabras del ministro del Interior desvanecerá el limbo en el que la policía queda desprotegida. Leyes policiales para un régimen en extremo policial, salvo para quienes viven los recortes sociales y los abusos policiales como orden social. Ley ésta que ya está siendo muy celebrada por esa derecha que actúa al filo de la Constitución y en contra de las libertades individuales de quienes se oponen al régimen. Estamos en manos de bellacos. No me cansaré de repetirlo.

Entretanto, en Navarra se ha celebrado otra cosa, mucho más feliz, un verdadero triunfo de las víctimas de la dictadura: la aprobación de una ley de memoria histórica sacada adelante por la mayoría parlamentaria progresista de Navarra.

Era previsible que esa ley no gustara a la derecha que se ha abstenido de votarla o lo ha hecho en contra, fiel a sus principios de pasividad, inoperancia, pasar páginas en balde, burlar por sistema la insuficiente Ley de Memoria Histórica, apoyar de facto la barbarie de los alzados y no querer condenar de frente y de una vez por todas un régimen dictatorial y sus consecuencias… lo que llaman con desparpajo “consenso”, el del no remover. Todo lo que les molesta o les hace ver que hay una mayoría social que quiere otra forma social, es “romper el consenso”, enfrentar, reavivar las heridas que no fueron cerradas jamás. La derecha navarra no ha estado nunca a favor de una acción social en pos de la Verdad, la Justicia y la Reparación, jamás: papeles mojados, marrullerías y palabras de madera.

El contenido de esa breve ley foral es de verdad progresista y revolucionario en varios aspectos. Uno de ellos, fundamental a mi modo de ver, es el de que sea cursada una petición oficial de anulación de los juicios del franquismo y de sus consecuencias personales y económicas. Aquí estamos frente a una actuación de condena frontal y de restitución moral plena de las víctimas, o casi, dado que el franquismo y la acción criminal de los sublevados produjeron daños irreparables. La pervivencia de ese corpus judicial sigue dando apariencia de legitimidad a la dictadura. Es preciso desautorizar por completo sus leyes y las consecuencias de su aplicación en condiciones de burla y completa indefensión que hacía de la acción de magistrados cómplices una farsa descarada. Es preciso, cuando menos, denunciar de manera institucional cuando menos esa farsa, que quede claro que no tuvieron legitimidad alguna en el amparo legal de cobertura que buscaron para sus abusos.

Y junto a lo anterior, algo más importante de lo que parece: el prescribir una actitud activa de las instituciones en orden al reconocimiento de los hechos y de las víctimas: los actos institucionales. Ahora no caben subterfugios y ese hacer como que se hace para no hacer tan habitual hasta ahora. Si el Gobierno actual no cumple la Ley del Parlamento se denuncia a sí mismo (de nuevo). Y aquí mismo me detengo porque no quiero ser agorero y ensombrecer el triunfo.

Asimismo, conviene no olvidar que esta ley no hubiese sido posible sin el empeño de las víctimas y de quienes les han sostenido dentro y fuera del Parlamento foral a lo largo de muchos años. Todo un logro social y político.

Frente a este triunfo de una mayoría social progresista, el ministro del Interior quiere sacar adelante una ley de seguridad ciudadana que, en la práctica, es una ley que quiere garantizar la impunidad de los abusos policiales alentados y planeados desde el gobierno: pasar del limbo (palabras de Fdez.) al paraíso. Nada nuevo ni nada que pueda sorprendernos. Fernández Díaz no es un demócrata ni de lejos, sino alguien que, una actuación detrás de otra, ha ido revelando un acusado perfil patológico. Las suyas han sido actuaciones confesadas (tirar de hemeroteca) en el filo de la ley y en ese lado de las cloacas del Estado en las que este burócrata del autoritarismo neoliberal se mueve a sus anchas: el de la sordidez malévola del sometimiento de unos ciudadanos por otros de mejor clase y casta, todo ello albardado de una religiosidad repulsiva en la que tal vez encuentre inspiración para lo que se revela como una perversión política. Recordemos que comparó al aborto con ETA.

Ley de Orden Público, pues, y enseguida tribunales que la apliquen, es decir, tribunales de orden público al servicio del gobierno: el TOP del franquismo. Es de no creer, oyes decir, pero no, al revés, es de mucho creer y venía ya muy anunciado.

La del ministro Fernández va a regular las “ofensas a España”, es decir, que nadie va a poder decir que éste que han formado es una mierda de país, y endurecer todo ese sistema perverso de multas administrativas cuyo objetivo es acoquinar a la población. Ésta es una ley elaborada ex profeso para acogotar más a una población exhausta, empobrecida y quitarle las ganas de echarse a la calle. No se trata de salvaguardar la seguridad del ciudadano, sino la impunidad de un régimen neoliberal y autoritario. Es una ley para blindarse. De ahí a atentar de manera seria contra la libertad de expresión y el derecho a la información no hay ni siquiera un paso. Prohibir la difusión de imágenes de la bestialidad policial es algo más que un recorte al derecho a la información, es la ocultación de pruebas de actuaciones que pueden ser delictivas. Se comenta solo.

El Consejo de Europa ha denunciado la deriva autoritaria del gobierno y la amenaza y recorte de libertades individuales, y la vulneración sistemática de derechos ciudadanos. Denuncia ésta a la que el Gobierno del PP ha hecho oídos sordos.

Ahora queda por ver algo que resulta crucial: la voluntad de cambio social. Es decir, comprobar si los partidos o formaciones políticas que aspiran a ese cambio social cada día más necesario contemplan el compromiso de la abolición de todas y cada una de las leyes dictadas durante estos años de autoritarismo en blindaje de un violento régimen policial de nuevo cuño o van a aprovecharse de ellas en propio beneficio.

Fuente:

Noticias de Navarra

Vivir de buena gana

Para que no haya equívocos, diré de entrada que estoy por completo de parte de quien sostiene que “Cuando no hay justicia, hay escrache” y que este consiste “en que quienes roban, matan, extorsionan y arruinan a la gente honrada, deban sufrir la vergüenza pública en su entorno”. Definición tan al azar como expeditiva y urgente para tiempos que no permiten consideraciones, matices ni distingos conciliares.

Esa es, digamos, la teoría. La práctica ya la hemos visto: es pacífica, a plena luz, y quienes en los escraches participan no se esconden, no agreden, antes bien son agredidos por fuerzas antidisturbios que se extralimitan, antes y después de que el ministro del Interior ordenara la identificación para sanción de quienes participen en protestas callejeras y pacíficas ante las casas de políticos y otros agentes de ese orden que no consiste en otra cosa que en sumar violencia institucional al desorden. Una instrucción tan confusa como clara: permite la total arbitrariedad policial, que de eso se trata. Un nuevo alarde de ingeniería jurídica en aras de un régimen policial pleno.

El escrache se parece a la cencerrada, a la muy antigua cencerrada que gozaba de amplia popularidad. Era una manifestación de disgusto social, casi siempre injusta porque la tramaba con los más débiles de la tribu, los diferentes, los indefensos, los que habían incumplido sus leyes abusivas. No buscaba la vergüenza del poderoso o del cacique del pueblón, o lo hacía raras veces. La cencerrada era nocturna y se representa embozada.

La diferencia es que el escrache, con viejos o nuevos cencerros, con ruido, mucho, se dirige al que emplea la ley del más fuerte y tras ella esconde su conducta asocial. La diferencia es que quien acosa y amedrenta, quien inquieta la vida de las familias es quien se las da de víctima y abusa y retuerce leyes y maneja los hilos policiales y sus porras. Hablan de niños y olvidan los que han sido echados de sus casas por los desahucios. Vivimos en dos mundos condenados a no entenderse.

Porque aquí hay un acoso, y sobre todo un derribo, previo a las protestas, por parte de quienes ponen de escudo a la Policía para impedir y castigar con dureza y de manera abusiva actos que no están expresamente condenados por las leyes. Quienes hablan de acoso y de violencia son los que los practican de manera impune con cobertura judicial y administrativa. Los documentos gráficos son tan abundantes que son incontestables. Lo mismo por lo que se refiere a los miles de víctimas del régimen policiaco del PP en el último año y medio.

Llama la atención que los mismos políticos o bocazas que ahora condenan los escraches hayan participado en cencerradas o reventando actos de sus adversarios políticos. Llama la atención, sin más. Puedes cambiar de ideas, pero podrías abstenerte de echar sermones. El sistema es este: lo que es válido para mí, no lo es para ti. A eso se llama equidad, democracia, justicia y lo que gusten.

El escrache, moderna cencerrada a contrapelo, es una manifestación de hartadumbre social y una reclamación de derechos por parte de aquellos a los que de manera progresiva se amordaza. Quienes detentan el poder han convertido el parlamentarismo y el diálogo social en una burla siniestra. Aquí, con la gente que gobierna no hay diálogo alguno y lo saben; por eso lo ofrecen. Aquí hay fractura social y ellos acabarán empujando a una parte estimable de la población a la violencia directa y a la guerrilla urbana, y lo saben.

Movilizarse frente a las viviendas de los responsables directos, no ya de los desahucios, sino del mayúsculo desastre nacional, el de las privatizaciones, los recortes, el paro, las ruinas, la impunidad de los abusos bancarios, la justicia dual, una para ricos y otra para pobres, y el empobrecimiento general de la población, no es más que un legítimo ejercicio de derechos elementales por parte del despojado, del abusado, de aquel a quien en la práctica se le priva de esos derechos; y quienes criminalizan su protesta, lo saben porque son los responsables de ese estado de cosas.

Muy probablemente aquellos que se preguntan por la legitimidad del escrache tienen ingresos por encima del salario mínimo y un trabajo digno, no están desahuciados, tienen plena cobertura sanitaria para cualquier contingencia, no van a comedores sociales, no recurren a la renta social, no rozan la pobreza ni están en la desposesión… Solo así se entiende su pregunta, de lo contrario es superflua, salvo que seas de los suyos o lo hagas de una manera retórica que ya sobra; o salvo que tu trabajo periodístico no sea el de informar, sino el de encubrir a los actores de los desahucios con subterfugios culturales.

A estas alturas prefiero no escribir que cualquier estrategia frente a quienes detentan ese poder destructivo, basado en el abuso y la violencia institucional, es legítima porque, para métodos mafiosos, los suyos, desde hace mucho además. Sé hasta dónde puedo llegar, aunque también sé que, si siguen empeñados en retorcer el Código Penal, ese camino de libertad de expresión se va a ver recortado.

¿Qué esperan, que andemos con maneras versallescas? Esta es una pelea amañada, por completo amañada, en la que impera la ley del más fuerte: la de ellos, la que a ellos les blinda su Policía, la que ahora dice que critica las abusivas instrucciones ministeriales.

¿Por qué respetar a quien no te respeta? ¿Esperan que el ciudadano trague indefinidamente? Hablan de leyes ¿Qué leyes? ¿Las de su ingeniería jurídica? Ya se encargarán de mandarte a los antidisturbios para que te apaleen, porque hasta ahora, como declara Ada Colau, quienes ejercen la violencia bien extrema son la Policía, protegida por la magistratura, los políticos, los medios de comunicación y sus perros de la prensa, y las instituciones financieras.

Está visto que, dado que son incapaces de luchar contra el paro y la miseria creciente, toda la labor política del actual Gobierno se centra, al margen de sus colosales ganancias particulares, en consolidar el estado policiaco, un estado policiaco de nuevo cuño, con métodos y medios modernos, y ampliamente aceptado por una mayoría social que les sirve de escudo. Y siento repetirme, pero quienes de verdad se repiten son ellos.

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2013/03/31/opinion/a-favor-de-los-39escraches39

Resulta insólito que un procurador de los Tribunales en ejercicio que, en su calidad de representante procesal de bancos y otras instituciones, ha participado en juicios ejecutivos que conducen a desahucios, exponga fotografías tomadas durante el desarrollo de estos o una vez lanzados a la calle los ocupantes de las viviendas, atropellando con su cámara una intimidad vencida.
Y más insólito es que un centro oficial, sostenido por un partido político cuya ideología ha propiciado esos desahucios,  las exponga y que el Gobierno de Navarra que no se ha opuesto a ese estado de cosas, las publique con dinero público. Grotesco.
Se ve que a unos y a otros lo que hay detrás de las fotografías les importa un comino: a quien las hace, a quien las expone, a quien las materializa, a quien aplaude la faena  y a quien se calla, no vaya a ser que se indisponga. Lo que cuenta es la performance, la exposición, la fachenda. Una frivolidad de campeonato o un caso de radical mala fe y falta de escrúpulos.

Se dice que el procurador de los tribunales Leache está conmovido. No se puede poner en duda, solo que si de verdad le hubiesen conmovido esos desahucios, no habría participado de manera activa en ellos a lo largo nada menos que de 5 años.
No es ayer, no son los últimos meses, son los últimos 5 años durante los cuales se ha agravado el drama criminal de los desahucios hasta acabar en los suicidios o en que haya 350.000 familias que en nada se van beneficiar de las mañas artísticas del procurador de la banca que les ha puesto en la calle.

El procurador de los tribunales Miguel Leache no estuvo presente en los desahucios por obligación, sino por dinero.
El procurador de los tribunales Miguel Leache no estuvo en las casas de los desahuciados por solidaridad con estos, sino por dinero.
Leache no estuvo ni siquiera para hacer fotos, sino por dinero… miles de euros en concepto de minutas por desahucios en los últimos 5 años. Eso no se lo puedes reprochar a nadie porque va con su oficio.
El procurador de los tribunales Miguel Leache pudo haber desistido de su representación y si no lo hizo, fue por dinero, por no perder sus clientes: la banca.
Lo de Leache es abusar de la buena fe del público ya muy sensibilizado por el drama de los desahucios.
¿Por qué no se fue Leache? Por dinero. Es la única explicación posible. No es cierto que lo haga por una obligación ineludible. Mentira. Es el dinero lo que le mantiene unido a la infamia de los desahucios.
Ese montaje solo es creíble si quien denuncia desiste de actuar de una manera que, si juzga incorrecta y abusiva, es inmoral y cínica. ¿Cómo puede juzgar erróneo lo que le ha beneficiado económicamente? Le ha beneficiado y le beneficia ahora mismo exponiendo una obra (¿destinada a la venta?) y siendo beneficiario de un montaje y publicación millonarios pagados con dinero público que, dicho sea de paso, a otros artistas plásticos de esta comunidad que no tienen un emporio de procaduría de los Tribunales, se les cicatea, cosa que le consta a Manzanos, porque así lo ha dicho a los interesados.
De haber desistido de sus representación, Leache habría perdido sin duda sus clientes:  los bancos, las instituciones o las promotoras-constructoras. Antes el cliente, antes los jugosos honorarios, la situación profesional de privilegio, en estos y otros casos de la patronal bancaria, que el drama humano.
El procurador es parte activa, preceptiva, del desahucio, pero su presencia depende de él. Si no hubiese aceptado esos casos, no habría habido fotos, pero no había cobrado.
El procurador no estuvo allí presente  para sacar fotos y sentirse conmovido por lo que ayudaba a hacer, sino por dinero, solo por eso.
Hay muchos procuradores en Pamplona, y muchos abogados, más modestos desde luego, que no lo son de la banca. Esa es la cuestión, que son más modestos, que ganan menos. Hay abogados y procuradores que lo han sido de los desahuciados. Leache ha elegido libremente en qué lado estar, en el de la parte ejecutante.
Si de verdad estuviera en contra o conmovido, habría desistido, o habría pasado a ser procurador de desahuciados, que no es por lo visto el caso. Leache no, Leache ha seguido siendo procurador de entidades bancarias que practican a diario si no los desahucios, sí los juicios ejecutivos y, que se sepa, lo va a seguir siendo.

¿Denuncia Leache la actuación de los bancos, la política hipotecaria, la negativa hasta ayer mismo  del gobierno y sus partidos afines a tomar en cuenta la iniciativa popular?
No, el discurso que adorna las fotografías es barato y el recurso al sentimentalismo encubre la actuación criminal de la banca a la que representa, por muchas fotos que cuelgue y pamemas que diga en público. Si se está en contra,  se está enfrente, no haciendo «arte» a costa de aquellos que están en la calle con su intervención profesional por representar, cobrando, a quien ejerce un derecho que se está revelando cada día más abusivo y asocial.
Vaga poesía del desahucio. ¿Cuándo tiempos felices? ¿A cuáles se refiere? ¿Qué sabe él si los hubo o no? Ignora a sabiendas el drama anterior al desahucio. Ese drama no se presupone, se cuenta o te callas…
Esos testimonio hubiesen sido creíbles si quien los da, hubiese renunciado  a participar en esos desahucios y en los juicios ejecutivos que los preceden. De lo contrario no son sino una justificación trapacera que resulta poco honorable: beneficiarse de la exposición y de la publicación oficial en su faceta de fotógrafo aficionado, lo que ya es el colmo. ¿Hubiese conseguido otro que no fuera él, el apoyo del servicio de publicaciones del gobierno de Navarra para una denuncia en forma de los desahucios y el sistema económico y social que los posibilita? No, seguro que no. Ni del servicio de publicaciones ni del Centro de Arte de Huarte
Triste, sobre todo triste.
¿Desvergüenza? No, más bien tristeza, mucha.

Los fotomontajes son del pintor Ramón Urtasun, alguien que no podrá beneficiarse jamás del trato de favor recibido por Leache en un entramado cultural que se caracteriza por el amiguismo más descarado.

QUEREMOS SABER

MAL TIEMPO, malo, pero algo es algo, al menos no han guindado la lluvia, porque no han debido encontrar el modo de privatizarla, de revenderla, de recomprarla, de fundacionarla y refundacionarla, de vialogarla, de asesorarla y de sacarle dietas por imperativo legal… así que disfrutemos mientras podamos del agua, antes de que tengamos que pagar por ella y alguien se haga rico y se pasee en helicóptero a nuestra costa y de nuestra lluvia.

«¡Queremos saber!» y para eso estamos en la calle, porque queremos saber y porque ya es hora, nunca mejor dicho.  Porque a estas alturas si no salimos, nos echan, nos despojan y expolian. Si al preguntar y al querer saber le llaman conspiración, que le llamen. Saben que es mentira, pero eso poco importa porque lo hacen como respiran. No podemos dejarlos en paz. No puede salirles gratis.

A la calle se sale cuando quien detenta el poder confunde el gobernar con el someter, y en situación de sometimiento nos quieren mantener, callados, ignorantes, aplaudidores de sus ventajas y de lo que llaman con desvergüenza «errores no acertados», en relación a sus trapisondas con la CAN, después de que se hayan denunciado sus manejos, no antes. Queremos saber el alcance de esos «errores no acertados» y sus protagonistas y responsables, todos sus protagonistas y todos sus responsables.

No quieren dar explicaciones y saben por qué no quieren, por eso nos acusan de desestabilizar. Y es que poner coto al saqueo es desestabilizar, denunciar al que abusa,  una conducta asocial, casi un delito. Son demasiados los errores no acertados en obras públicas, recortes, privatizaciones y montajes de parásitos sin otro objeto que el cobrar dietas, como para no dar explicaciones. No producen, cobran.

Y no solo confunden el gobernar con dominar, sino que están convencidos de que el resultado favorable de unas elecciones y la ventaja de unos pactos electorales poco limpios y desprovistos de buena fe, equivalen a una recortada y a una licencia para hacer lo que les viene en gana y no estar obligados a dar explicaciones a una ciudadanía a la que poco a poco se le está arrebatando la condición de tal.

Pedimos información, hoy sobre la CAN y mañana sobre la privatización de nuestro sistema sanitario, pasado ya veremos,  y se nos contesta con desplantes o con humo, o con porrazos y multas.

Dicen que lo sucedido con la Caja de Ahorros no es de nuestra incumbencia porque son asuntos privados. Es posible que ahora sea algo privado (y turbio cuando menos), pero esos asuntos eran públicos y ellos estaban ahí, en sus puestos de gobierno, en sus consejos de administración, beneficiándose de sus puestos de una manera poco decorosa, no por nada en especial, sino por la representación política que ostentaban, no estaban como inversores, no como socios capitalistas.

Si la ciudadanía no hubiese salido a la calle expresando su querer saber, aquí no hubiese pasado nada, que es lo que casi por costumbre pasa, NADA; y cada cual a su casa.

Esta es una casta que del bien común tiene la peculiar idea de que es suyo y se niega a dar explicaciones sobre lo que ha sucedido con la CAN y su entramado social y político, porque temen que se descubra la forma en que se manejan las instituciones de esta comunidad.

Lo que sucede es que la casta a la pertenece Barcina y los suyos, ha hecho de los asuntos públicos, negocios privados, como están haciendo de los servicios y derechos un negocio privado, cuyo entramado revela siempre el amiguismo y, en otros lugares, vemos a diario, maneras del crimen organizado.

Esta gente no repara en que lo legal puede no ser ya decoroso u obsceno, sino justo, y lo confunde en propio beneficio. Han tejido un sistema legal de casta y clase que protege y blinda el enriquecimiento personal y la ventaja inmediata de los suyos como único objetivo político. Una casta en la que cuentan las relaciones familiares, la pertenencia a elites económicas, el amiguismo descarado, los favores debidos; una casta que ha hecho de conquistas sociales y civiles duramente conseguidas, un negocio o va camino de hacerlo: la salud, la educación, la vivienda, todo se ve recortado, limitado, cuando no inaccesible… y este mismo de manifestación y expresión de unas ideas y de disidencia está en sus manos condenado a irse recortando de tal manera que nos convertirá en delincuentes.

Queremos saber cómo y por qué y por quiénes esa institución navarra que era la CAN se ha convertido en un saco de humo y en una fuente de beneficios para inversores de privilegio. No estamos hablando de un chiringuito de tercera propio de un paraíso fiscal, sino de una institución que ha aglutinado durante décadas la actividad económica de Navarra.

Está visto que esta gente confunde la actividad política con el saqueo, fino, fino, por lo legal, dicen, y tiene encima la pretensión de perpetuarse, ignorando por completo a las clases que pagan y pagan y pagan sin parar, y se ven día a día más desfavorecidas. El paro no va con ellos, las más de seis mil familias navarras que tienen a todos su miembros sin trabajo, la ruina de los servicios sociales tampoco, sólo cuenta su beneficio. No les preocupa el dictar recortes en derechos y en conquistas que nunca han sido gratis, porque no van con ellos. Gratis ha sido su vida, sus milagros económicos, el monto imparable de sus patrimonios, la opacidad de estos, las redes de influencia que han tejido aquí y fuera de aquí.

A estas alturas querer saber de la CAN se queda corto, aunque sea un paso más que necesario, porque ellos han contado con que ni queríamos ni podíamos saber, con la impunidad, con que el tiempo y el barullo burocrático juega a su favor. Ya basta de impunidad. Tenemos derecho a una información veraz. No es legítimo responder con violencia policial como respuesta a peticiones legítimas de la ciudadanía.

Queremos saber qué paso con la CAN y queremos saber quiénes son los responsables, queremos que se abra una investigación pública sobre lo sucedido, queremos que se nos trate como ciudadanos, no como meros votantes de ocasión más domesticados que otra cosa. Quienes desestabilizan, crispan y provocan la ruptura social no somos nosotros, son ellos.

Pamplona 2 de Febrero de 2013