Fernando Mikelarena. Sobre el mapa de fosas y la exhumación de fusilados de 1958-1959

valle de los caidosEL pasado 11 de mayo, el pleno del Congreso aprobó una moción para impulsar el desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica y, especialmente, para garantizar la responsabilidad de todas las instituciones del Estado en las labores de búsqueda y exhumación de fosas de las víctimas del franquismo. La resolución, pactada entre IU-ICV y el PSOE, contó con la única oposición del PP y UPN, la abstención de Coalición Canaria y el respaldo del resto de grupos. No hay que olvidar que, tal y como recuerdan las asociaciones de familiares de desaparecidos, Navarra se encuentra en “un limbo” legal ante la exhumación de cuerpos de personas fusiladas durante la Guerra Civil, debido a que el Gobierno de Navarra se ha negado, al igual que las autonomías dirigidas por el PP, a suscribir el convenio propuesto por el Ministerio de Justicia para realizar el mapa de fosas y establecer un protocolo sobre cómo acometer las exhumaciones. A ello se une que se estima que los restos de unas mil personas podrían permanecer en fosas comunes salpicadas por la geografía foral.

En relación con este asunto, la lectura de un reciente artículo de Queralt Solé i Barjau (Inhumados en el Valle de los Caídos. Los primeros traslados desde la provincia de Madrid, Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, 2009, 9), disponible libremente en Internet en la dirección http://hispanianova.rediris.es es de gran interés porque de él se desprende que las autoridades navarras de 1958-1959, pese a no enviar el mapa de fosas comunes que se les ordenó hacer entonces, habrían contado con alguno, siquiera parcial, por cuanto enviaron al Valle de los Caídos los restos de más de un centenar de republicanos fusilados durante la Guerra Civil.

El mapa de fosas comunes y las circulares de 1958

El Monumento a los Caídos de Cuelgamuros (Guadarrama) se construyó entre 1940 y 1959, inaugurándose el 1 de abril de ese último año. Los pormenores del traslado de los restos óseos que se depositaron en los columbarios construidos en la cripta han podido ser reconstruidos por medio de la consulta de los fondos conservados en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares.

En una reunión del Consejo de Obras del monumento a los Caídos del 30 de diciembre de 1957, celebrada en el despacho del Ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega, y a la que asistió, entre otros, el Ministro de la Presidencia, Luis Carrero Blanco, se acordó “que por la Guardia Civil, se proceda a levantar unas relaciones de los muertos y asesinados en las distintas localidades, para que en el momento oportuno se conozca el número y un informe referente a los deseos de los familiares acerca del traslado de dichos restos”.

Una circular de 23 de mayo de 1958 enviada por el ministro de Gobernación a todos los gobernadores civiles impartía instrucciones sobre cómo localizar enterramientos, pidiendo detalles sobre si estaban dentro o fuera de los cementerios, si eran enterramientos individuales o colectivos o si eran civiles o militares. Además, el ministro indicaba a los gobernadores que para obtener los datos solicitaran la colaboración de los alcaldes, párrocos, Guardia Civil y cualquier otra autoridad local que pudiera facilitar la labor mencionada, exigiendo, además, la remisión en el plazo de un mes de las relaciones de las personas enterradas en cementerios católicos, iglesias o panteones privados en quienes concurrieran las circunstancias antes expresadas, y cuyos más próximos parientes expresaran el deseo o prestaran su aquiescencia para que los restos de sus familiares fueran trasladados al monumento. Al principio de dicha circular se explicaba el motivo de la misma: el hecho de que uno de los principales fines perseguidos con la construcción del Monumento de los Caídos era “el de dar en él sepultura a cuantos cayeron en la Cruzada sin distinción del campo en que combatieran, según impone el espíritu cristiano que inspiró su creación, siempre que unos y otros fueran de nacionalidad española y religión católica”. También ordenaba que se publicara una circular en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente, así como en los periódicos de mayor tirada y en los tablones de anuncios de los ayuntamientos. En el acta de la reunión del Consejo de Obras del Monumento a los Caídos de junio de 1958 se acordaba ampliar el plazo a los gobernadores civiles para la presentación de las relaciones de muertos en la guerra.

En Navarra se publicaron dos circulares en relación con esa cuestión en el Boletín Oficial de la Provincia de Navarra del miércoles 4 de junio de 1958. La primera conllevaba la obligación por parte de los ayuntamientos de realización de un mapa de las fosas comunes que hubiera en cada municipio en el plazo de 15 días. La segunda se refería a que los familiares de las personas de cuyos restos se notificara la existencia manifestaran en el plazo de quince días su deseo o consentimiento para que los restos de sus familiares fueran trasladados a la cripta de Cuelgamuros. Hay que señalar que en los demás números del Boletín Oficial de la Provincia de Navarra no hay más noticias acerca de la cuestión.

Con todo, la solicitud de información no tuvo demasiado éxito. En una segunda circular enviada por el ministro de Gobernación Camilo Alonso Vega a los gobernadores civiles el 31 de octubre de 1958 se detallaba exactamente la información que se quería obtener, cómo se quería y para cuándo, especificándose las medidas de las urnas individuales o colectivas y fijándose las fechas máximas para la realización de exhumaciones y envío de restos en cada provincia. Se decía que el 20 de noviembre sería la fecha tope para recepción de información. Los gobernadores tendrían que concretar las cifras de enterrados en cementerios o en fosas comunes, identificados o no, individualizables o no, diferenciando diversas categorías. Se abría la posibilidad para que se especificara si se trataba de “mártires” o de “rojos”. En la Circular también se pedía que se elaborara un mapa de la provincia en el que se marcaran las poblaciones con enterramientos y el número de éstos, anotando los de cada tipología. También se ordenaba que los restos en cajas debían estar preparados para el 1 de febrero de 1959.

Sin envío de mapa desde Navarra
Las autoridades navarras no comunicaron ningún mapa de fosas, sino que se limitaron a informar solamente de los restos de cuatro personas, todos ellos del apartado que incumbía a personas enterradas en cementerios e identificadas. Navarra fue, junto con Soria (3) y Orense (1), la provincia que informó de los restos de menos personas. Otras provincias con cifras bajas fueron Logroño (10, de diferentes apartados), Salamanca (6), Zamora (8). Por contra, así como algunas provincias se limitaron a dar cifras de restos de personas del bando franquista, otras proporcionaron también datos de enterrados del bando republicano.

El traslado de restos a Cuelgamuros
Parece ser que las autoridades franquistas decidieron en 1958 trasladar a Cuelgamuros también restos de muertos republicanos, contrariando la idea original de que el monumento custodiase únicamente restos de muertos en el bando nacional. Aunque no es algo documentado, hay versiones que consideran que el cambio de opinión se pudo deber a una condición impuesta por la jerarquía de la Iglesia para aceptar hacerse cargo del monumento y del Monasterio.

En una circular de febrero de 1959 se regulaba cómo debían de ser las urnas y cómo debían hacerse las exhumaciones y cómo debían enviarse a Cuelgamuros. Los primeros restos llegaron allí a lo largo de marzo y abril de 1959.

El número total de inhumados en el monumento sería de 33.847. De ellos, 21.178 están identificados en el Libro de los muertos de la Guerra Civil Española, en su práctica totalidad del bando franquista, en muchos casos enterrados en fosas comunes cercanas a campos de batalla, siendo imposible su individualización para su traslado a su localidad de origen. De esos 21.178 inhumados identificados, las provincias con más nombres registrados serían Madrid (4.338), Zaragoza (3.839) y Teruel (2.448). Navarra sólo cuenta con 7 nombres, una de las provincias con menos. Guipúzcoa cuenta con 232, Vizcaya con 35 y Álava con 497. Asimismo, Logroño registra 10 y Soria con 40.

Además, se calcula en 12.669 el número de personas sin identificar cuyos restos habrían sido trasladados. Estos últimos se encuentran en los laterales de la cripta, detrás de los muros, y la mayoría corresponderían a restos de republicanos.

Envío de restos de republicanos desde Navarra y rescate en 1980
Entre los restos de 10.001 personas enviados allí desde la mayoría de las provincias españolas en los primeros meses se computaron los restos de 144 personas remitidas el 23 de marzo de 1959 desde Navarra, 7 de ellas en cajas individuales (que serían de combatientes franquistas identificados) y 137 en 9 cajas colectivas, estos últimos de republicanos fusilados. Es evidente que las familias de los combatientes navarros del bando nacional rechazaron el traslado. También hay que decir que algunos familiares de fusilados supieron entonces de la posibilidad de su exhumación y traslado.

Comparativamente, Navarra fue la provincia del bando franquista que en aquella primera tanda de envíos remitió más restos de personas, con diferencia, en cajas colectivas, extraídas de fosas comunes de fusilados. Por lo tanto, aunque no se habría comunicado a Madrid el mapa de fosas encargado a los ayuntamientos, sí que se habría hecho uso de alguna cartografía para acometer dicho traslado.

En febrero de 1980 se trajeron a Navarra los restos de 133 de esos fusilados republicanos navarros inhumados en Cuelgamuros. Tal y como se ve en el documento que reproducimos, eran 6 de Allo, 19 de Azagra, 27 de Corella, 1 de Larraga, 5 de Lodosa, 6 de Los Arcos, 2 de Mendavia, 52 de Pamplona y 15 de San Adrián, originalmente enterrados en fosas de Aberin, Arandigoyen, Ayegui, Cadreita, Pamplona, Milagro, Murillo, Ribaforada y Tudela. El rescate de los cuerpos fue posible tras numerosas gestiones iniciadas en mayo de 1979 por una comisión de cinco personas de familiares conocedores del tema. Javier Tusell, catedrático de Historia Contemporánea fallecido en 2005 y que entonces, con el gobierno de UCD, era director general de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de Cultura, habría representado el papel oficial de recibir a los familiares cuando fueron a recoger los restos al Valle de los Caídos, después de haber conseguido la autorización, habiendo sido para ello determinante la amenaza de la publicación en prensa de las largas que aquéllos recibían para conseguir su objetivo. De cualquier forma, parece ser que, tal y como han podido constatar, familiares de inhumados que han tratado de recuperar sus restos de allí en base a ese precedente (que sería hasta hace poco el único), no existe actualmente constancia en Patrimonio Nacional de dicha autorización obtenida por los representantes de los familiares navarros.

Todas las informaciones anteriores, pero sobre todo el hecho ignominioso de que hace cincuenta años se ocultara la localización de fosas comunes en las que posteriormente se exhumaron restos de represaliados para enviarlos a Guadarrama, deberían ser tenidas en cuenta de cara a un tratamiento mínimamente honesto de la cuestión hoy en día.

Fernando Mikelarena
Profesor titular de la Universidad de Zaragoza

Diario de Noticias, domingo, 6 de junio de 2010

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Tomás Urzainqui Mina. Arrasate-Mondragón, villa navarra

ArrasateLA extensión del Fuero navarro de Vitoria-Gasteiz el 15 de mayo de 1260 a Arrasate-Mondragón, tras la rebuscada dicción de Alfonso X de Castilla, ha generado la confusión sobre la fecha de fundación de la villa y la impostura del 750 aniversario. Sin embargo, los documentos demuestran que dicha villa navarra existía desde muchos años antes. La carta municipal de 1260 no significa en absoluto su nacimiento o fundación. La villa de Arrasate-Mondragón en el valle de Leniz, con sus industrias de ferrerías y salinas, ya existía antes de la conquista castellana de 1200, al igual que San Sebastián, Vitoria-Gasteiz o el puerto de Bilbao en la tenencia de Malbecin.

Arrasate fue un cruce de los caminos que se dirigían, directamente o a través de Vitoria-Gasteiz, desde la capital Pamplona-Iruña hasta la costa. Estas vías públicas, como en el resto de Navarra, se llamaban erregebidea. La demarcación eclesiástica del arciprestazgo de Leniz, coincidente con la del citado valle navarro, fue creada en la jurisdicción del obispado occidental de Armentia, cuya capitalidad se ha mantenido siempre como inicialmente lo era, en la villa de Arrasate-Mondragón. El territorio navarro de la actual provincia de Guipúzcoa estaba en el interior y retaguardia de Navarra, por lo que las pocas fortificaciones que había estaban dirigidas desde las dos tenencias de Aitzorroz-Arrasate y de San Sebastián-La Mota. La conquista de la Navarra marítima en 1200, como después la de 1512 en la Navarra oriental, no supuso un cambio de gente, no hubo corrimientos de población.

En 1080 Orbita Azenariz, al formalizar una donación en el valle de Leniz al monasterio de San Millán de la Cogolla, nos deja la primera constancia escrita de la única villa existente en el mismo valle: insuper tribuo in villa de Leniz, ubi sal conficitur, unam domum cum habitatore suo Mames, qui habet partem in salsa aqua, ut ipse et qui postea fuerit, cum illa domo serviat in S. Emiliano. A partir del agua salada, mediante el proceso de evaporación en dorlas -grandes calderas de hierro a las que se aplicaba por debajo fuego de leña-, obtenían la sal en el valle de Leniz, cuya capital era la villa de Arrasate-Mondragón. Al tiempo que en las cercanías y en el monte Udala encontraban las venas del mineral de hierro que era fundido con carbón vegetal y con fuelles en las olak o haize olak, moldeándolo con martillos manuales y después con la fuerza motriz hidráulica en los errota olak. Es decir, la mencionada ubicación in villa se refiere a Arrasate-Mondragón, por ser la única villa del valle de Leniz hasta que surgieron las villas de Salinas en 1331, Arechavaleta y Escoriaza en 1630. No se trata de la pequeña localidad de Salinas. Mondragón-Arrasate era la cabeza del valle de Leniz con murallas, y el castillo de Arrasate (Santa Bárbara) sede con el castillo de Aitzorroz de la tenencia navarra de este mismo nombre. En Navarra el derecho público y el privado están íntimamente relacionados; el derecho público local navarro descansa en las circunscripciones de los valles como el de Leniz. Los vecinos de Mondragón, tras su separación municipal del valle de Leniz en 1260, continuaron ejerciendo sus derechos comunales (montes, campos, ríos, pastos y ejidos) en el resto del valle de Leniz.

El euskara moderno se desarrolla en el ámbito social del Reino de Pamplona, o Estado de Navarra, coincidiendo la Euskal Herria contemporánea en el mismo espacio humano. La unidad de la lengua tiene su origen en la unidad política navarra. La dialectización se produjo como consecuencia de la división impuesta por la conquista castellana, surgiendo de dicha partición el núcleo occidental alrededor de Vitoria-Gasteiz y su mercado, derivándose después el resto de los dialectos conforme se iba apagando la hegemonía del euskara como lengua principal en Navarra tras la invasión y ocupación castellana.

La resistencia armada de los navarros occidentales a la conquista castellana ha quedado probada fehacientemente en la larga y tenaz defensa de Vitoria-Gasteiz, con los vestigios arqueológicos de las destrucciones y acciones militares de aquel año, también en numerosas poblaciones y fortalezas, entre las que se halla la tenencia de Aitzorroz, así como por la permanencia de los tenentes navarros occidentales a las órdenes de Sancho VII mucho después de 1200, algunos de ellos vinculados a las familias Guevara y Mendoza: Sancho Pérez de Guevara continuó de tenente de Dicastillo y Guillermo de Mendoza tenente de Irurita en 1214. La muerte de algunos de los tenentes en el campo de batalla en Malbecin y Treviño.

La feudalización, a través de las privatizaciones tanto de la propiedad colectiva y pública (realenga) como de la función pública, fue el sistema empleado por los reyes castellanos para combatir la resistencia que les hacían los navarros occidentales. En las villas, la feudalización se produce por la sustitución del concilium vicinorum o batzarre, mediante la introducción de una oligarquía local con presencia señorial. Los conquistadores necesitan amurallar las poblaciones para controlarlas y mantener sus posiciones en el territorio ocupado. La provincialización supuso el control castellano con la división territorial en circunscripciones bajo el corregidor castellano. Los representantes de Castilla en Guipúzcoa desde 1397 son los corregidores, castellanos en su mayoría. Entre los motivos de Castilla para conquistar Navarra estaba la apropiación de las industrias navales y metalúrgicas.

Lo de que el nombre de Mondragón fue una ocurrencia de Alfonso X de Castilla sólo tiene como apoyatura lo escrito en su carta municipal de 1260, que no fundacional, pues dice: que avie ante nombre de Arresate e que nos ponemos nombre de Mondragón, lo que no es suficiente para asegurar que el nombre de Mondragón era nuevo en 1260. El fraude de Alfonso X el sabio, la parcialidad cortesana del historiador mondragonés Garibay, cronista de Felipe II, y el negacionismo de los nacionalismos espúreos, ha inducido a algunos a considerar, equivocadamente, la carta municipal del 15 de mayo de 1260 como el acta fundacional de Arrasate-Mondragón, cuando el mismo texto donde se copia el Fuero navarro de Vitoria-Gasteiz no dice semejante cosa, no sólo como población sino tampoco como villa, pues ya existía en ambos conceptos con anterioridad. La descontextualización de la citada fecha, sesenta años después de la conquista de la Navarra marítima en 1200, es utilizada por el revisionista presentismo historiográfico para negar la verdadera condición navarra de esta población y del resto occidental del territorio.

Articulo publicado por Noticias de Navarra sábado, 5 de junio de 2010

urzainqui tomas

Información del autor y libros en Pamiela.com

http://tomasurzainqui.eu/

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Alberto Reig Tapia. Reescribir la historia

transUno de los muchos éxitos de la transición fue el consenso historiográfico alcanzado en torno a la República y a la Guerra Civil. Sorprendentemente, a partir del año 2000 la historia empezó a ser secuestrada y manipulada al servicio de determinados intereses políticos. Bajo el firme liderazgo de Aznar tras conquistar la mayoría absoluta, la derecha española más extremosa pudo empezar a olvidarse de las interesadas loas a Azaña de su líder y los recurrentes cantos al liberalismo y a la moderación que habían sido necesarios para la conquista del centro, fuera del cual no se ganan elecciones en los países desarrollados. Fue el momento de quitarse la máscara y actuar sin complejos ni concesiones a esa izquierda falsamente moderada que no sería sino el trasunto de la de siempre: la radical, la revolucionaria, la filocomunista que jamás acepta las reglas del parlamentarismo y de la democracia que tan falsamente reivindica.
En semejante tesitura histórica había que recuperar las señas de identidad dejadas en sordina a lo largo de la transición y consolidación democráticas. Era imprescindible reescribir la historia inmediata. Se aprestó a ello con febril entusiasmo un ejército de publicistas con ínfulas de historiadores que pretendían romper con una ortodoxia historiográfica impuesta por supuestos profesionales incapaces de sacudirse la caspa ideológica estalinista. Una verdadera cohorte de periodistas de pago hicieron de caja de resonancia y los publicitaron a los cuatro vientos para demostrar a las nuevas generaciones que los socialistas que se habían encaramado al poder sin el menor escrúpulo, sobre los cadáveres de los terribles atentados del 11-M, eran los mismos de siempre.
En 1934, la izquierda y los nacionalistas reventaron la convivencia democrática desencadenando la revolución social en Asturias y proclamando la independencia de Cataluña. El 18 de julio de 1936 no fue un golpe de Estado ilegal e ilegítimo que provocó una terrible Guerra Civil, sino un necesario golpe “preventivo” de pura autodefensa que el general Franco y el resto de patriotas que le secundaron tuvieron inevitablemente que dar para salvar a España del caos e impedir su desmembración (“balcanización”) y la entronización de un gulag soviético cuyos horrores hubieran dejado pálida la inevitable dureza de Franco y su “Régimen del 18 de julio”. Se trata de una burda muestra del negacionismo histórico (revisionismo) que inevitablemente nos toca pasar ahora a los españoles y que otros países, como Italia, Francia o Alemania, ya pasaron en los años ochenta.
Pero el abundoso papel amarillo que nos invade, nunca, jamás, podrá ocultar la realidad histórica del 18 de julio de 1936 que empezó por ser un acto ilegal e ilegítimo. Ilegal porque no estaba entre las competencias de los Jefes de División del Ejército declarar la ley marcial. Ilegítimo porque tanto el resultado de las elecciones (cuya limpieza cuestionaron los sublevados sólo a posteriori) como el Gobierno de la Nación surgido de ellas, habían sido sancionados y aceptados jurídicamente y políticamente por la propia oposición parlamentaria, tal y como quedó reflejado en el libro de Sesiones de las Cortes por su líder más destacado, José María Gil Robles, lo que desmonta los inútiles intentos posteriores, que aún persisten, por cuestionar el resultado electoral y el Gobierno surgido del mismo como importante justificación para su rebeldía anticonstitucional. No puede argumentarse historiográficamente que el Gobierno republicano en julio de 1936 hubiera sucumbido a una ilegalidad e ilegitimidad que hiciera inevitable la ilegalidad e ilegitimidad de la oposición para defenderse. La legalidad y legitimidad del Estado republicano en 1936 es incuestionable a la luz del derecho español y del derecho comparado a pesar de los renovados intentos justificativos del revisionismo.
El argumentario “jurídico” del Nuevo Estado franquista quedó plasmado en un famoso Dictamen oficial que despreciaba hasta los principios fundamentales del Derecho. Sus epígonos revisionistas apenas vuelven sobre ellos. De acuerdo con la legalidad internacional que deriva de la ONU, la ilegalidad del régimen franquista es evidente, como lo prueba su alzamiento en armas contra el gobierno legítimo de la República vulnerando el orden jurídico vigente. La Resolución, Res.39 (I) adoptada por unanimidad de la Asamblea General el 9 de febrero de 1946 consideró que el régimen de Franco fue impuesto por la fuerza al pueblo español y no lo representaba. Y, de acuerdo con los Principios de la propia ONU, el franquismo cometió crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Aún hoy, de acuerdo con la Resolución, Res.1996/119 de 2 de octubre de 1997, en España siguen sin cumplirse en relación con las víctimas y sus familiares de la represión franquista, el derecho a saber, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación. Y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha instado al Consejo de Ministros español a que el 18 de julio sea declarado día oficial de condena de la dictadura franquista.
A mayor abundamiento, significadísimos rebeldes al orden constitucional republicano, entre los que cabe destacar a Ramón Serrano Suñer, “el cuñadísimo”, el constructor jurídico del Nuevo Estado, o el general Ramón Salas Larrazábal, cabeza de fila de la historiografía franquista más seria, así tuvieron que acabar por reconocerlo. El primero, aceptando que la rebeldía estaba jurídicamente en los autoproclamados nacionales que montaron una parodia de justicia, una “justicia al revés”, y, el segundo, reconociendo que, en 1936, “el Estado no estaba ni secuestrado ni inválido”. ¿De qué “justa” o “necesaria” rebelión estamos entonces hablando? ¿Si el Estado republicano no estaba ni secuestrado, ni inválido, por qué se sublevaban?
El 18 de julio de 1936, al derivar en Guerra Civil, inicia un puro y simple genocidio por más que este vocablo despierte reticencias en determinados autores a la hora de aplicarlo al franquismo, ya que es generalmente utilizado para referirse al exterminio del pueblo judío que emprendieron los nazis. No se trata ahora de establecer paralelismos históricos entre el holocausto y la masacre de rojos “y demás ralea” emprendida por Franco. Por los resultados que produjo, el 18 de julio fue un crimen contra la humanidad, tanto en la significación que otorga al concepto la Real Academia Española como en el propiamente técnico de la jurisprudencia internacional. Franco y el régimen que alumbra el 18 de julio fueron más criminales que Pinochet o Milosevic. Tal es la realidad jurídica, política e historiográfica del 18 de julio de 1936.

Alberto Reig Tapia es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y autor de La cruzada de 1936. Mito y memoria (2006).

Artículo publicado en ELPAIS.com (26/07/2006)

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Mikro-ipuinak 2008 2009

Esta publicación recopila los mejores textos del III y del IV Concurso de Microcuentos en euskera que organizan Euskara Kultur Elkargoa y la Editorial Pamiela.

Junto con los trabajos de los 16 autores premiados, el micro-libro incluye una colaboración del cantante Ruper Ordorika y otra de los presentadores de ETB Ilaski Serrano y Kike Amonarriz, que entregaron los premios. En el libro hay un recuerdo para Joxemiel Bidador (fallecido el pasado mes de marzo), que formó parte del jurado en las cuatro ediciones. Los autores de los cuentos publicados son: Ainhoa Asiain, Joseba Irazoki, Olatz Medrano, Nerea Martínez, Ohian Urra, Beñat Ziarra, Xabier Alzuguren, Iñaki Leunda, Malen Barriola, Aizpea De Atxa, Oier Larumbe, Ane Ortega, Leyre Unzue, Claudia Solano, Garazi Pérez de Larraya y Amaia Mikeo.

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Nazarín Amirian. Los límites de la libertad religiosa

Público. 30-V-2010

jaulaLibertad y religión son conceptos incompatibles como razón y dogma, o igualdad y discriminación por mandato divino. Por eso, la libertad de culto que ampara al practicante conlleva también riesgos, como que los hombres con sotana abusen del progreso.
Se confunde el respeto al creyente con la tolerancia a sus creencias, que suelen ser dogmas impermeables a la crítica e irracionales, y que dejan al fiel a merced de la credulidad y la coacción de los jefes religiosos. Avances como la retirada de símbolos religiosos de los colegios quedan neutralizados al permitir que los padres impongan un menú escolar religioso al alumnado. Criaturas que nacen y crecen como fieles y no como personas, cuya apostasía puede llegar a ser castigada con la muerte. ¿Dónde queda la educación emancipadora?
En demasiadas ocasiones un menor ha fallecido sólo porque él o sus parientes han impedido una transfusión de sangre. ¿Forma parte de la libertad religiosa que unos tutores ejerzan el fanatismo hasta esos límites?
Después de tanto pelear por conseguir una escuela aconfesional, se moldea con sutileza una cantera segregada de futuros devotos. Mañana se echará del aula a Dar-
win para invitar a Adán y Eva. O se justificarán las desigualdades económicas y sociales en nombre del destino asignado. El peligroso poder que llegan a conseguir los iluminados se manifiesta con fuerza en EEUU, donde decenas de religiones lo copan todo, hasta tal punto que algunas instituciones empiezan cada jornada con rezos.
La obediencia a la fe es alienante, porque promete una vida mejor en el más allá a cambio de no luchar por la felicidad aquí y ahora. La superstición desorienta a la víctima y la hace más vulnerable ante la verdadera causa de su sufrimiento. Con su visión a corto plazo, los gobernantes suelen hallar una aliada en la religión, veterana experta en anestesiar la conciencia colectiva. Su método milenario es capaz de reducir a la ciudadanía a un rebaño necesitado de pastor.
Hay que estar vigilante, porque podemos echar por la borda lo alcanzado en siglos de esfuerzo humanista. En un mundo lleno de preguntas y parco en respuestas, la irracionalidad tiende a prosperar a la sombra del desamparo.

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Publicados los 16 mejores textos del III y IV concurso de Microcuentos en euskera

El certamen está organizado por Euskara Kultur Elkargoa y la Editorial Pamiela

Mikroipuinak

Presentación de 'Mikroipuinak'. (JAVIER BERGASA)

La Feria del Libro de Pamplona acogió también acogió ayer la presentación del un pequeño libro, en su formato, que no en su contenido: Mikroipuinak. Esta publicación recopila los mejores textos del III y del IV Concurso de Microcuentos en euskera que organizan Euskara Kultur Elkargoa y la Editorial Pamiela.

Junto con los trabajos de los 16 autores premiados, el micro-libro incluye una colaboración del cantante Ruper Ordorika y otra de los presentadores de ETB Ilaski Serrano y Kike Amonarriz, que entregaron los premios. En el libro hay un recuerdo para Joxemiel Bidador (fallecido el pasado mes de marzo), que formó parte del jurado en las cuatro ediciones. Los autores de los cuentos publicados son: Ainhoa Asiain, Joseba Irazoki, Olatz Medrano, Nerea Martínez, Ohian Urra, Beñat Ziarra, Xabier Alzuguren, Iñaki Leunda, Malen Barriola, Aizpea De Atxa, Oier Larumbe, Ane Ortega, Leyre Unzue, Claudia Solano, Garazi Pérez de Larraya y Amaia Mikeo.

Artículo publicado por Noticias de Navarra

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Monteano documenta la conquista española en “La guerra de Navarra

Peio J. Monteano

Peio J. Monteano, en el kiosco de la Plaza del Castillo. (J.BERGASA)

El volumen, en el que ha invertido 9 años de trabajo, ha sido editado por Pamiela

El autor ha descubierto en Lisboa el único relato contemporáneo de la Batalla de Noáin (1521), escrito por sus protagonistas

El historiador villavés Peio J. Monteano presentó ayer la Feria del Libro de Pamplona su magna obra titulada La Guerra de Navarra (1512-1529). Crónica de la conquista española, editada por Pamiela. Curiosamente, ayer también fue descubierta en San Pedro de la Rua de Estella la tumba del mariscal Pedro de Navarra, jefe del ejercito que defendió el Viejo Reino de la invasión.

Monteano estuvo acompañado en la rueda de prensa por Tomás Urzainqui, para el que la edición de este libro “supone un paso muy importante en el conocimiento que ahora se tiene de la conquista y la dominación española sobre Navarra y los navarros”. Entre las puntualizaciones que realiza esta obra, Urzainqui destacó “la precisión de que la conquista fue española, no meramente castellana. A este episodio trascendental de la Historia de Navarra, que ha influido en nuestra vida política hasta el presente, el libro de Monteano aporta nueva documentación que permite abordar nuestra realidad presente con un conocimiento más preciso y riguroso, sobre todo en cuestiones como derechos y soberanía”.

Peio J. Monteano explicó que La guerra de Navarra “es el resultado de unas investigaciones que ha durado nueve años y que se han desarrollado tanto aquí como fuera, fundamentalmente en Archivo General de Simancas, que es como el Pentágono de la época. La información que allí se encuentra sobre la denominada Guerra de Navarra cuenta con bastantes dosis de objetividad y permite salvar uno de los principales problemas de este momento, que es tanto la carencia de documentos como el hecho de que estén bien fechados”.

En cuanto al relato realizado por Monteano, el autor matizó que “este libro trata de marcar el suceso navarro tanto en cuestiones de sociedad, economía o mentalidades como de política o geopolítica europea de la época, ya que al margen de ser conflicto intensamente vivido en este país, fue también un escenario más del enfrentamiento europeo de la época entre las dos grandes superpotencias: Francia y España”. Un desarrollo literario en el que, según explicó el historiador, “ha primado la síntesis y está basado en preguntas como: ¿Esto es verdad? o ¿Esto se sostiene en los documentos? La respuestas a estas preguntas ha motivado que se caigan varios tópicos”.

Finalmente, en lo que respecta a las principales novedades que aporta la obra, “al margen de hacer un relato cronológico de lo más significativo que hemos podido conocer, incorpora muchos datos nuevos e interpreta muchos más. Pero más que cerrar un capítulo, el libro abre muchos más…. Esta obra explica qué paso pero queda una cuestión pendiente, intentar entender por qué pasaron las cosas”. Entre los documentos más importantes a los que ha tenido acceso Monteano, destaca sobremanera el que descubrió en Lisboa, el único relato contemporáneo de la Batalla de Noáin (1521), escrito por sus protagonistas españoles.

Artículo publicado por Noticias de Navarra

Fernando F. Garayoa – Martes, 1 de Junio de 2010

“En la conquista de Navarra, la gente se movía por lealtad al linaje”

Peio Monteano

Peio Monteano sostiene un ejemplar de su libro La guerra de Navarra (1512-1529) entre las murallas del Archivo General. CALLEJA

El historiador Peio Monteano reconstruye todos los acontecimientos que rodearon a la conquista de Navarra en 1512 para revelar un proceso “complejo y virulento”, de conquista y sublevación, que transcurrió con dos reyes diferentes

Diecisiete años de guerra. Exilios, ejecuciones, represión, batallas… En 1512, el ejército castellano invade Navarra y los reyes Juan III de Albret y Catalina I de Foix parten al exilio, pero lucharán por recuperar su reino y lo harán con el ejército francés.

Después de nueve años de investigación, el historiador Peio Monteano, ex alcalde de Villava por EA, recupera toda la cadena de acontecimientos que se prolonga hasta 1529, lo que abarca un cambio de generación, movimientos en los bandos y la entrada en escena del emperador Carlos V, cuya política con Navarra fue mucho más dura que la de su predecesor, Fernando el Católico.

Entre los textos inéditos que ha recopilado, ¿cuáles son los que más luz han arrojado?

Algunos procesos judiciales que están en el propio Archivo de Navarra. Son pleitos sobre herencias, el paso de títulos…

Muchos navarros acompañaron al rey Juan al exilio, perdiéndolo todo o arriesgando su vida.

Hay una serie de personajes que tienen un perfil muy romántico, como Vélaz de Medrano, el señor de San Martín o el mariscal Pedro de Navarra. Su historia es novelesca porque fueron consecuentes hasta el final. Desde mi punto de vista, el mariscal se suicidó, cuando siempre se ha hablado de asesinato. Otros jugaron a dos bandas. Hubo linajes que colocaron un personaje en cada bando, una práctica bastante habitual en la nobleza.

Usted destaca la importancia del cambio generacional que se produjo en 1518. ¿Aquello se tradujo en cambios de bando?

En algunos casos, sí. En general, los personajes están ligados al comportamiento de su linaje. Cada cual tenía su alineamiento, sus intereses, sus redes de fidelidad o sus odios familiares. En 1512, el capitán Juanikote de Arberoa estaba luchando en el ejército castellano con Villalba y luego pasó a defender la causa del rey de Navarra. Fue ejecutado en Pamplona de manera ejemplarizante: le cortaron la cabeza y le descuartizaron. Él aseguró que nunca había jurado lealtad al rey de España.

A la hora de hablar de los navarros, se ha hecho la siguiente lectura: los beaumonteses se alían con los castellanos y los agramonteses luchan por su reino.

Ésas son lecturas que se han hecho desde el presente. El libro muestra que hay beaumonteses legitimistas y agramonteses castellanos. Incluso se les concede el perdón a los beaumonteses que habían sido desleales con el emperador Carlos V.

Más de uno se va a llevar una sorpresa leyendo este libro…

Sí, rompe muchos esquemas. Yo he intentado hacer un relato lo más honesto posible, enfrentándome al tema sin prejuicios.

El rey Fernando el Católico quiso darle a la conquista el aspecto de un cambio dinástico. ¿Se percibió realmente así?

En esa época, España se parece más a una Unión Europea que a un Estado. Cada uno mantiene su propia moneda y su propia ley, solo tienen un rey en común. El rey Fernando no era tan ajeno a Navarra, porque su padre, Juan II, ya había sido rey de aquí. Tuvo un trato de guante blanco para Navarra. Respetó la realidad institucional, fue generoso en cuestiones de amnistía y lo siguió todo muy de cerca. Además, se esmeró en que los beaumonteses no ganaran por goleada. Entre otras cosas, los agramonteses habían defendido la causa de su padre durante la guerra civil.

¿Qué diferencia supuso la entrada en escena de Carlos V?

La represión fue mucho más fuerte. La destrucción de las fortalezas se consideró una humillación, la nobleza fue relegada del control del Reino… Lo que violentó institucionalmente fue el imponer regentes y jueces castellanos.

¿Qué reflejan los levantamientos populares que se produjeron?

El relato tradicional de la conquista se reducía al paso de unos ejércitos extranjeros que acababan enfrentándose en Noáin y parecía que los navarros estaban ausentes. Ahora hemos resucitado una serie de combates y levantamientos que antes no conocíamos. En ellos participó gente de extracción social baja, pero luego pasaron desapercibidos porque no tenían patrimonio y por eso no plantearon grandes pleitos. Lo que movía a la gente era la lealtad al linaje. No había una identidad nacional de tipo moderno, ni aquí ni en ningún sitio de Europa. No se puede juzgar a aquella gente desde nuestro presente, porque vivían en un mundo muy distinto al nuestro.

¿Ese ha sido el principal error que se ha cometido?

Sí, en cada época se ha estudiado desde una perspectiva concreta. En este momento, desde el interés nacionalista, las cosas no encajan.Curiosamente, las zonas de mayor implantación beaumontesa se corresponderían con las más vasquistas, “étnicamente” hablando.

La batalla de Noáin, en Lisboa

La búsqueda de documentos inéditos, que aportaran información nueva, embarcó a Peio Monteano en una labor de nueve años de investigación le ha llevado hasta Londres o Lisboa. “El Archivo General de Simancas (Valladolid) es una especie de Pentágono de la época, al menos en cuanto a las operaciones del ejército castellano. Aquí, en el Archivo de Navarra, todo está más oculto. Después de la conquista, los linajes que no habían sido leales al emperador Carlos V quisieron echar tierra encima”, explica. Sorprendentemente, en un archivo de Lisboa encontró el único relato contemporáneo de la batalla de Noáin (1521). “En aquel momento, el rey de Portugal era aliado de Castilla por la causa de los comuneros y los gobernadores que dirigían el ejército en esa batalla le mandaron un escrito para informarle del resultado”. El historiador villavés está trabajando en otros dos libros que completan la labor realizada en torno a la conquista de Navarra: la publicación de un diccionario biográfico y la recopilación de documentos inéditos. “Manejo más de 300 personajes, de los que habrá que hacer una selección”, adelanta.

Articulo publicado por Diario de Navarra

NEREA ALEJOS Martes, 1 de junio de 2010

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El micrófono y el hisopo

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Gregorio Morán. ¿Para qué sirven los intelectuales?

Ya no sufrimos la amenaza de la censura, sino la erosión de lo políticamente correcto, esa presión que avisa

lapicesAhora que ya somos un poco griegos deberíamos tomarnos una cierta distancia. ¿Será un buen momento para la retórica? La cofradía de los retóricos, de honda raigambre en nuestra cultura judeocristiana, es la variante cool de los vendedores de ungüentos de mi infancia. Entonces, todos los jueves, en el mercado provinciano, se preguntaban “¿Qué ven en mi mano? ¿Para qué creen que sirve este frasco minúsculo?”. Luego pasaban a explicar que la modestia de lo que contemplábamos desentonaba con la eficacia del emplaste. Hasta anteayer los retóricos acababan preguntándose adónde iba España, o qué hacíamos con la Constitución, o si el Estatut es la última oportunidad que ofrece la historia. Eso fue anteayer, y a partir de ahora habrá un antes y un después de anteayer.
Este es el momento de los intelectuales. Lo digo sin ironía, porque la intelectualidad como profesión tiene su gran momento. Me remito a los ejemplos del inmediato pasado.

¿Cuál fue la década estelar de la ética en España? Los años ochenta del pasado siglo, cuando algunos empezaron a preguntarse cómo era posible que existiera tal diferencia entre lo que se decía y lo que se hacía.

¿Y los libros de autoayuda? En los noventa irrumpieron los manuales que explicaban que en tu interior no sólo estaba la verdad sino que tu timidez escondía a un artista, a un filósofo, a un creador en el pleno sentido de la palabra. Ahora toca demostrar qué cojones ha pasado, cosa que puede hacer cualquiera con cuatro dedos de frente, pero lo que sólo puede hacer un intelectual es explicarlo de tal modo que las responsabilidades siempre correspondan al adversario, o en su defecto al mercado, y para eso se necesita cierto bagaje cultural y una experiencia en el debate de fondo que consienta no caer en maniqueísmos, ni en simplificar la realidad, ni en posiciones oportunistas. Retengan las palabras maniqueísmos, simplificar la realidad y posiciones oportunistas. Las van a escuchar hasta saciarse.

La invención del intelectual no tiene más de cien años. En los manuales le dirán que fue Zola y su defensa del caso Dreyfus, pero no se lo crean. La audacia y determinación de Zola fue muy otra cosa, y tiene que ver con la decencia y la dignidad del escritor frente a la injusticia. Ya lo había hecho Voltaire con el asunto Calas, y es sabido que fue uno de esos tipos que supo sobrevivir con brillantez a su propia indignidad. De poner una fecha al nacimiento de la figura del intelectual yo apostaría a que fue durante la guerra del 1914-18, porque inaugura los apoyos de escritores y pensadores, en bloque, a una causa de Estado. La lectura de los documentos firmados por aliadófilos y germanófilos – los españoles, por ejemplo-abruman. Luego vinieron otras causas y el fenómeno fue imparable. Cualquier estado de cosas, por aberrante que fuera, tuvo siempre un puñado de intelectuales que lo defendieran.

Por eso impresiona la actitud de Bertrand Russell a contracorriente de los dos bandos durante la Primera Guerra Mundial, o la del pensador norteamericano John Dewey, promoviendo un tribunal independiente sobre los crímenes de Stalin en vida de éste, porque en ambos casos no hay pared ni sombrilla de Estado que los ampare. No sólo están espantosamente solos sino al pairo de todas las calumnias que puedan generar los adversarios con tal de destruirlos moralmente, cuando no osan hacerlo físicamente. Cualquier crítica siempre será susceptible de ser instrumentalizada por el enemigo. De ahí que lo mejor para un intelectual consista siempre en apoyarse en una institución. Se puede vivir de ello. Hoy quien justifique las aberraciones de los gobiernos de Cuba o Israel, tiene en ellos un paraguas vital que le protege. Casi una pensión, una especie de Inserso de anteayer con viaje incluido. Hubo un tiempo que ocurría lo mismo con Estados Unidos, pero terminada la guerra fría le han salido tantos defensores, que de pagarlos amenazarían con quebrar las arcas de sus fundaciones.

¿Cuál fue, en España, nuestro último debate intelectual? Tengo dudas, porque si nos esforzamos por buscarlo podríamos llegar a la conclusión de que el último debate español tuvo lugar en los años veinte del siglo pasado, o durante la República entre Azaña y Ortega, o en el exilio de los años cuarenta. No lo sé pero da la impresión de que la instrumentalización de los intelectuales en la vida política española ha sido tan evidente que el deterioro parece irreversible. Nosotros no padecemos ninguna traición de los intelectuales,por utilizar una expresión francesa que tuvo su éxito. Lo nuestro tiene más que ver con el alquiler de los intelectuales, una forma peculiar de participación social que se impuso en la transición y de la que no hemos salido.

Félix de Azúa ha publicado un artículo en El Periódico donde dice adiós a su colaboración semanal y al columnismo periodístico. Lo tituló “Permitan ustedes que me despida”. Después de hacer un retrato descarnado de nuestra realidad política, donde figura por cierto un apunte que sería profético días más tarde –”el estropicio es ya casi insalvable”–, concluye:”En estas circunstancias es inútil tratar de influir en la vida pública”. En un país con una intelectualidad menos instrumental que la dominante por aquí y por allá, es decir, por Madrid y Barcelona –donde se publicó el texto–, una declaración así provocaría como mínimo un debate. Que yo conozca sólo han salido sendos artículos sobre el asunto, de Joan Barril y Arcadi Espada. Estoy seguro que habrá quien le parezca de perlas. Primero, porque queda un hueco periodístico que ellos pueden llenar, y luego porque Félix de Azúa les cae mal, y el primer principio de un intelectual en Catalunya o en España entera consiste en tratar de caer bien; al menos a una cofradía.

Conozco poco a Félix de Azúa, y tengo la impresión de que sus opiniones y las mías no coinciden ni en nuestra inclinaciones literarias, ni políticas. Ni falta alguna que hace. Pero yo necesito leer a gente como Félix de Azúa. Si no fuera así aceptaríamos estar metidos en el pozo donde hemos entrado hace ya muchos años y donde se niegan a facilitarnos una salida. No creo que ni él ni yo ni casi nadie tengamos ni la más mínima posibilidad de influir en la vida pública, porque los que están en condiciones de influir en la vida pública no escriben, se dedican a otras cosas, y cuando publican algo ya tienen la gente que les haga ese menester. Y digo más, escriben porque influyen en la vida pública, y no al revés. Pero entiendo que alguien se canse, y hasta se desmoralice ante este erial de gracias y respetos que es la vida intelectual pública. Ya no sufrimos la amenaza de la censura sino la erosión de lo políticamente correcto; esa presión política y social que se enciende como una lucecita y te avisa: “Yo, en tu caso, no escribiría eso, colega”.

Entonces, para qué escribimos. Quizá porque no sabemos hacer otra cosa mejor para ganarnos la vida, pero si fuera solamente por eso podríamos vivir mucho mejor escribiéndole los discursos a un banquero, a un ministro o a un conseller, y haciéndoles los libros que siempre soñaron escribir y no sabían cómo. Si escribimos en los periódicos es porque creemos que hay un lector, a lo mejor un puñado, que son capaces de leer el artículo, incluso entero, y de participar en algo tan curioso como una visión diferente de algunas cosas que parecen obvias y no lo son. En un país donde la opinión pública parece una parodia de la vida política, deberíamos lamentarnos de que un hombre como Félix de Azúa deje de escribir regularmente en los diarios. Ahora bien, como ya somos griegos, cabe hacernos preguntas de las que no se escriben. ¿Cuántos habrán pasado página con un guiño cómplice? “Que se joda, por chulo. Y si se va, como Gabriel Jackson, mejor”. La penúltima vez que escuché esa frase debió de ser allá por los sesenta: “Nadie te obliga a vivir aquí; el que quiera se puede ir”. ¡Como en los años mozos, y nosotros con la próstata!

Gregorio Morán
La Vanguardia (15.05.2010)

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Pablo Antoñana Chasco. Relato cruento

Relato_cruentoEn Relato cruento se traza una historia unitaria alternando dos episodios similares en dos guerras civiles separadas por medio siglo de distancia, la carlista de 1874 y la de 1936.

Pablo Antoñana ha sido un precursor, un faulkneriano demasiado temprano, antes de que surgiera Juan Benet, y un testigo de la historia de su pueblo, de las guerras carlistas o franquistas, un estudioso de la lengua del pueblo y un poeta en prosa de una intensidad desgarradora. Sus libros son de lectura fascinante y fascinada.
Rafael Conte

Pamiela.com

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La Guerra de Navarra. Nuevo libro de Peio Monteano

(próximamente a la venta en la Feria del Libro de Pamplona-Iruña)

la guerra de navarraQuinientos años después

Conquista, anexión, unión, incorporación. A pesar de que han transcurrido cinco siglos, los acontecimientos ocurridos en Navarra entre 1512 y 1529 continúan siendo objeto de agrios debates y de encontradas interpretaciones. Sin duda, quinientos años después siguen pesando más los sentimientos del presente que el conocimiento del pasado.

Antes de nada, quiero que el lector sea consciente de que tiene entre sus manos un libro de Historia. Aunque escrito con una finalidad divulgativa, no es ni una novela ni un libro de análisis político. Los historiadores tenemos el deber de explicar el pasado, no de justificar el presente. Tenemos que exponer los hechos tal y como se produjeron, con rigor, valor y sinceridad. Y debemos hacer, por ello, un esfuerzo para distinguir en todo momento el cómo fueron las cosas del cómo hubiéramos querido que fueran.

“La Conquista de Navarra. ¿Pero no está ya todo escrito?” Recuerdo muy bien esta pregunta-afirmación en boca del profesor García de Cortázar cuando allá por el año 2001 presenté ante un tribunal mi proyecto en el marco de un programa posdoctoral de perfeccionamiento de investigadores. “Desde el punto de vista navarro, no”, fue mi respuesta. Y, efectivamente, quería emprender una investigación cuyo resultado nos proporcionara una visión desde Navarra, completa en cuanto al desarrollo de los acontecimientos, contextualizada política y mentalmente en su época, ponderada en cuanto a la trascendencia de los hechos y centrada en la actuación de los navarros de a pie durante aquellos decisivos años.
Casi nueve años después, aquí está el resultado. El lector juzgará si aquel ambicioso proyecto que durante todo este tiempo me ha llevado de Pamplona a Chicago y Londres pasando por Simancas, Barcelona y Madrid, pero también Corella y Tudela, ha llegado a buen puerto. Y es que desde el primer momento, dada la fuerte carga emocional y presentista que desde siempre ha rodeado el tema de la Conquista, decidí recurrir al estudio directo de la documentación original. Eso exigía no solamente volver a revisar los textos ya conocidos desde hace muchos años, sino en intentar localizar otros inéditos que aportaran información nueva. Y la verdad es que esta paciente y, por qué no decirlo, cara labor de búsqueda ha dado sus frutos. Sirva de ejemplo el caso del documento encontrado en un archivo de Lisboa -¿quién pensaría que podría estar allí?- que nos proporciona el único relato contemporáneo de la Batalla de Noáin (1521) y además de la pluma de sus propios protagonistas.

El Archivo General de Simancas ha proporcionado una documentación hasta ahora desconocida y a buen seguro lo hará más en el futuro. Secciones como las de “Secretaría de Estado”, “Contaduría del Sueldo”, “Contaduría Mayor de Cuentas” o “Memoriales y expedientes” nunca antes se habían explorado, pero sus complicados documentos contables esconden una información de primer orden y, además, cuantificada y fechada. Los manuscritos de la British Library de Londres han servido para completar, en algunos casos, documentos que o no pude encontrar en el archivo vallisoletano o simplemente desaparecieron con el tiempo. El Archivo Histórico Nacional –en especial, el fondo familiar del coronel Villalba- y los manuscritos depositados en la Biblioteca Nacional de España y en la de la Real Academia de la Historia, ambas en Madrid, han proporcionado documentos sino numerosos por lo menos muy valiosos.

Desgraciadamente, la documentación referida a la Conquista que se conserva en el Archivo General de la Corona de Aragón (Barcelona) es mucho menor debido a las destrucciones producidas en el pasado, pero no por ello menos valiosa. Lo mismo cabría decir de los archivos municipales de Tudela y Corella, que han proporcionado una interesantísima información para reconstruir los acontecimientos en el sur del reino. El estudio de los interesantes e inexplorados Archive Départamental des Pyrénées Atlántiques (Pau) y Biblioteque Nationale (París) ha sido, en su mayor parte, indirecto a través de copias microfilmadas o de bibliografía francesa, siempre tan extensa.

Pero, para mi sorpresa, una vez más el Archivo Real y General de Navarra se ha mostrado como la principal fuente para conocer qué hicieron los navarros durante esos decisivos años. Secciones como Tribunales Reales o el archivo particular de Juan Rena se han revelado como filones inagotables de información, aunque con diferencias notables. En la primera, los datos se encuentran dispersos, escondidos diría yo, entre los miles de procesos judiciales que, en muchos casos, nada tuvieron que ver con los acontecimientos. Sirva un ejemplo. Conocemos el desarrollo de la batalla de Zegarrain (junio de 1521) porque, en un pleito suscitado diez años más tarde a causa de un molino, uno de los testigos fue desacreditado por su actuación en ese enfrentamiento militar. Otro ejemplo. La carta en el que el gobernador de Sangüesa relata el motín producido en la villa en junio de 1513 figura como guardatapa de un proceso que nada tiene que ver con el hecho. El fondo de Juan Rena, que tuve ocasión de estudiar durante dos años mucho antes de que fuera organizado, es todo lo contrario. La información proporcionada por este hombre clave en la conquista española es tanta y tan rica que debe ser, forzosamente, sintetizada.

Junto a esta documentación original se ha manejado abundante bibliografía española, francesa e inglesa. Muchos de estos libros fueron publicados ya en los siglos XVI y XVII, pero no por ello la información proporcionada es más exacta o incluso verídica. Por ello, han sido sometidos a un riguroso análisis crítico con las fuentes contemporáneas. Ello ha permitido distinguir autores como Zurita o Garibay –que, por su rigor y materiales utilizados, ofrecen garantías- de otros donde los hechos aparecen distorsionados por el paso del tiempo o simplemente manipulados por los intereses que movían al autor. Igualmente, se han seguido de cerca las monografías escritas sobre el mismo tema, aunque de forma parcial, por Correa (1515) y Boissonnade (1893) hace ya demasiado tiempo, así como la más completa y reciente de Esarte (2001), que ha supuesto una renovación de las fuentes documentales.

El libro ha tratado de ser muy riguroso desde el punto de vista técnico. Cualquiera que haya estudiado la época sabe que la documentación original presenta una serie de dificultades de utilización. La escritura castellana de principios del siglo XVI es, en muchos casos, de difícil lectura. En otros, como es el del inspector de fortalezas Malpaso, casi imposible. El lenguaje también puede ser engañoso, pues bajo la misma forma las palabras pueden tener distinto significado que hoy día. El hecho de que muchos documentos no estén fechados supone un obstáculo añadido, pero que es ineludible superar. En Historia las cosas ocurren en un lugar y en un momento determinado. Si alguno de estos elementos se altera, las consecuencias pueden ser fatales.

Navarra no es ni fue una isla. El relato e interpretación de la conquista deben por ello ser enmarcados en el contexto europeo, tanto político como social y mental. Y digo esto porque con demasiada frecuencia se ha estudiado tan sólo dentro de las fronteras navarras o, en el mejor de los casos, en el marco de la historia de España. Pero, de hecho, lo ocurrido en Navarra entre 1512 y 1529 no puede desentenderse de la historia francesa –la gran desconocida en nuestra formación como historiadores- y, mucho menos, desligarse de los acontecimientos italianos. Siempre he afirmado que, a grandes rasgos, en la conquista de Navarra se imbrican dos procesos históricos complejos: una guerra civil de corte medieval y una guerra internacional de corte moderno. Y, además, su peso en el desarrollo de los hechos va cambiando con el transcurso de los años.

Todo título de un libro debe informar al lector de lo que se va a encontrar dentro de él. Es hora, pues, de que justifiquemos el del nuestro.

“La Guerra de Navarra”. Así fue cómo se conoció en la época el largo enfrentamiento bélico que culminó con la absorción de la mayor parte de Navarra por corona hispánica. Nebrija, en su relato coetáneo, lo dijo en latín, pero los documentos contables de Simancas lo hacen en claro castellano. Por otro lado, los años 1512 y 1529 marcan el espacio temporal del relato. Respecto a la fecha inicial, no hay ninguna duda. La invasión, precedida de unos meses de complicadas negociaciones y veladas amenazas, se produjo a finales de julio de ese año. El del año 1529 es algo más relativo. He considerado la firma de la Paz de las Damas como el hecho que puso final al periodo más álgido de la guerra. A partir de entonces, aunque las espadas siguieron en alto y se produjeron algunas incursiones militares, las fronteras no se movieron.

El nombre de “crónica” que abre el subtítulo pretende resaltar que el libro se centra en el relato de los acontecimientos de forma más o menos lineal. En él se dice qué ocurrió, cuáles fueron los hechos más significativos o trascendentes que hemos podido conocer. El porqué ocurrieron las cosas como ocurrieron queda para futuras investigaciones. El término “conquista” levantó más ampollas en el pasado que hoy en día, cuando es ya generalmente aceptado. Los de “anexión”, “incorporación”, “unión” o similares con que algunas veces se le ha pretendido sustituir no se refieren al desarrollo sino al resultado de un largo y violento proceso de campañas militares y represión política. A quien lea las siguientes páginas no le quedará ninguna duda. Y de hecho, durante el siglo XVI nadie, ni aquí ni fuera de aquí, dudó en hablar de la guerra de conquista o del derecho de conquista.

Soy consciente de que el adjetivo de “española” puede levantar más suspicacias, especialmente entre aquellos que defienden, en un marco teleológico muy concreto, que la conquista fue sólo castellana y que España se formó, precisamente, tras la “incorporación” de Navarra al proyecto hispánico. Pero nuevamente los hechos son tercos. Aunque el concepto político-nacional de España en un concepto en formación durante esos años, el duque de Alba no duda en titularse “Capitán General de España”, los cronistas denominan a Fernando de Aragón como “Rey de España” y los propios navarros, en sus testimonios coetáneos se distinguen de “españoles” y “franceses”. Además, aunque en mucha menor medida, Aragón también participó en la conquista. Y la composición del ejército que doblegó al pequeño reino era exactamente igual que el que por esas mismas fechas conquistaba Nápoles, la costa norteafricana o el Imperio Azteca. Soy consciente de que este hecho exigirá a muchos lectores un esfuerzo mental. Pero para situarse en la época e interpretar los acontecimientos es necesario que asumamos que en este momento, a principios del siglo XVI, los navarros son sólo navarros y los bearneses son sólo bearneses, mientras que alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos son y se sienten españoles y lapurtarras y zuberotarras son y se sienten franceses.

Por otra parte, el libro trata de no hacer juicios acerca del comportamiento de los protagonistas de esta etapa clave de nuestra historia. Ha huido del reduccionismo de visiones románticas o del maniqueísmo de un argumento de buenos y malos. Aquellos hombres y mujeres de la Navarra de principios del Quinientos –de los que, dicho sea de paso, apenas sabemos nada- vivieron su momento histórico en unas circunstancias personales y sociales concretas, en unas coordenadas económicas, mentales y de todo tipo muy distintas a las nuestras. No sería justo por ello sacarlos de su tiempo y juzgarlos desde el cómodo presente.

Es hora de que vayamos terminando. Como suele ser habitual en mis libros, la toponimia –los nombres de poblaciones, ríos y comarcas- ha sido actualizada. En el caso de las localidades altonavarras, se ha seguido la denominación oficial establecida para la Comunidad Foral de Navarra. Lo mismo ocurre para las de la Comunidad Autónoma Vasca. En el caso de las bajonavarras, se ha optado por la euskérica –hoy día ya oficializada y siempre más próxima a la que aparece en los documentos- aunque inicialmente se añada su equivalente en francés. Con el mismo criterio de respeto a las denominaciones propias se ha actuado con los nombres de localidades francesas, italianas y alemanas.

Un libro como éste forzosamente debe agradecimiento a muchas personas. Desde el apoyo de familiares y amigos, a la colaboración de colegas historiadores y archiveros, de bibliotecarios, traductores, informáticos y editores, tanto en masculino y como en femenino, además de en varias lenguas, la lista de agradecimientos sería poco menos que interminable. Además, los olvidos y omisiones dolerían aún más. Así que vaya para todos ellos un eskerrik asko que, aunque general, no es menos sincero ni sentido.

Demos paso pues a la crónica de los diecisiete años que duró esa guerra que se saldó con la pérdida de la independencia y la fragmentación de Navarra. De ese enfrentamiento militar que supuso un trauma para la generación que lo vivió, un tabú para las que les siguieron y un motivo más de enfrentamiento para los navarros de hoy en día.

¿Conquista, anexión, unión o incorporación? Que el lector saque sus propias conclusiones.

Peio J. Monteano. Marzo de 2010

guerra navarraEnsayo y Testimonio nº 106
Idioma Español
Año 2010
408 páginas 25,00 €

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Víctor Moreno. Santa Aconfesionalidad, virgen y mártir

religionNo es mi intención debelar el origen más o menos espurio de la Constitución española, ni, tampoco, desnudar un poco más si cabe la hipócrita sacralización que hacen ciertos sectores del texto constitucional. Lo que me interesa es advertir la dejadez y flojera de un gobierno, como el socialista, a la hora de ahondar en la aconfesionalidad que la propia constitución consagra.
Porque, ¿de qué sirve alabar hasta el éxtasis la Constitución si muchos de sus artículos siguen vírgenes, inéditos en el limbo de la más fría indiferencia e inoperancia?
En uno ellos, el 16.3, se afirma que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, lo que significa que la aconfesionalidad será uno de los rasgos del Estado que de este modo así se caracteriza.
Sin embargo, a juzgar por la cantidad de conflictos acaecidos últimamente, y que han tenido como sustancia crítica fundamental algún símbolo religioso, dicho artículo no ha servido de gran ayuda. Por ello, parece justo y necesario preguntarse de qué modo sirve al ciudadano un Estado que se declara constitucionalmente aconfesional, pero en la práctica funciona como un perverso hipócrita y facineroso.
Quizás, su mayor servicio haya consistido en denunciar la incoherencia doctrinal en la que, tanto Rodríguez Zapatero como la sociedad institucional política, han chapoteado a lo largo de treinta años. Porque ejemplos de vasallaje confesional repugnante hacia una determinada religión de infeliz memoria han sido constantes y permanentes, contraviniendo la declaración expresa de la Constitución.
La cacareada aconfesionalidad constitucional sigue siendo, a pesar de su implantación en 1978, una asignatura, más que pendiente, inédita en el curriculum político y social del propio Estado. Por lo que respecta a la clase política de este país, habrá que felicitarla, porque, dada su afición a pringarlo todo de materia seca orgánica, ha conseguido mantener en estado virginal e inmaculado dicha aconfesionalidad.
Lo que, sarcasmo aparte, constituye una de las manifestaciones cínicas de la perversión del sistema democrático. Porque, si no, ¿cómo es posible que, disponiendo de un artículo constitucional como el de la aconfesionalidad del Estado, haya permitido tanto enfrentamiento jurídico entre diversos colectivos? ¿Cómo es posible que la retirada de un crucifijo de las aulas de escuelas e institutos haya generado tanta polémica y el propio Estado no haya sido capaz de zanjarla con la Constitución en la mano?
La verdad es que resulta incomprensible. Al margen de otras muchas consideraciones, recalcaría la que evidencia que la fe religiosa de mucha gente, sobre todo la de algunos jueces, está hipertrofiada, y a la que somete los principios jurídicos y democráticos.
Produce miedo constatar que exista un colectivo a quien le importan más sus creencias personales en un más allá, inexistente para muchos, que los principios que rigen la convivencia del más acá de todos. Se trataría de un colectivo que, jaleado continuamente por una Iglesia más integrista que nunca, no duda en dinamitar cualquier principio de la Constitución si ello favorece sus planteamientos fideístas. Estamos ante un colectivo muy peligroso para la salud pública, porque apuesta por la teocracia en detrimento de la democracia. Ni la derecha católica de este país se priva de utilizar esta instrumentalización perversa de la fe para ganar terreno en el de la política. Durante estos últimos años, ha mantenido la anticonstitucionalidad de la retirada de los símbolos religiosos en las instituciones públicas, pero ya veremos cómo paga su osadía clerical por echarse en los brazos teocráticos de Rouco y sus hermanos.
Paisaje realmente insólito donde los haya, porque, si vivimos en un Estado aconfesional, la primera consecuencia práctica se cifraría en que en ninguna institución pública –escuelas, institutos, cementerios, hospitales, ayuntamientos, etcétera-, se debería hacer ostentación de símbolos religiosos, por muy maravillosos que les parezcan a algunos.
Un ejemplo. Si los cementerios son de titularidad pública, eso significa que no gozan de ningún derecho para enarbolar en la puerta principal de su inmueble ninguna cruz, ni grande ni pequeña. Otra cosa es que cada persona en las tumbas familiares coloque lo que considere más afín con sus creencias o no.
Lo mismo conviene a los ayuntamientos. A pesar de ser las instituciones públicas que mayor ejemplo deberían dar en el cumplimiento escrupuloso de la aconfesionalidad, las hay que siguen abonadas a una especie de nacionalcatolicismo irredento. Existen alcaldes de todo pelaje, incluido socialista, que no tienen ningún decoro en manifestar su ignorancia diciendo que “mientras ellos sean alcaldes, el crucifijo seguirá presidiendo el salón de plenos”.
Lo mismo decía Abc para quien “eliminar el crucifijo de las escuelas era ir en contra de la Constitución” (7.4.2010). Quizás, esta interpretación se deba a que maneja otro texto constitucional, porque, siguiendo el documento oficial, aquel que apadrinó Fraga, no cabe sino deducir todo lo contrario: que la presencia de los crucifijos en las escuelas es anticonstitucional.
Más todavía. Cuando aún se discute acerca de la pertinente retirada de los crucifijos de las aulas en escuelas e institutos, y se afirma que son los consejos escolares quienes tienen la primera y última palabra sobre este asunto, se está incurriendo en una falacia doctrinal.
Ni los padres y sus asociaciones, ni los consejos escolares, ni los claustros, ni los equipos directivos, ni las administraciones públicas, ni el ministro de educación, tienen que decidir nada. La Constitución ya ha lo hizo por todos.
La aconfesionalidad que sanciona la Constitución establece un espacio común para todos. En él no debería darse ningún conflicto entre los partidarios y los contrarios de la presencia de dicho símbolo y otros. Porque la aconfesionalidad es territorio neutral; de todos y de nadie. Un ámbito en el que la convivencia humana no sólo es posible, sino deseable, ya que parte de una creencia común: nadie en una institución pública tiene derecho a imponer a los otros sus creencias ni sus símbolos, sean de la fe o del ateísmo.
No se trata de polemizar si el crucifijo simboliza el amor en estado puro o catatónico. ¡Habría tanto que escribir!  No es ese el debate; y, además, sobraría. Tampoco es cuestión de dirimir si la presencia del crucifijo en un aula distrae o no la atención del alumnado, o si, por el contrario, le ayuda a resolver mejor ecuaciones de segundo grado.
La cuestión esencial es más sencilla: por imperativo categórico de la aconfesionalidad del Estado, el crucifijo no tiene cabida en ninguna institución pública. Por tanto, el asunto definitivo radica en si se acepta o no lo que dicta la constitución. El resto, ganas de joder la marrana, con perdón.

Artículo publicado en Gara.

Sobre el autor del artículo: Victor Moreno

Libros del autor: Pamiela.com

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