Semana ésta de leyes, de leyes que unen y de leyes que separan y enconan. Leyes más a gusto de unos que de otros, En Madrid la derecha celebra las vísperas de una nueva Ley de Orden Público camuflada detrás de una seguridad ciudadana, que en las estrictas palabras del ministro del Interior desvanecerá el limbo en el que la policía queda desprotegida. Leyes policiales para un régimen en extremo policial, salvo para quienes viven los recortes sociales y los abusos policiales como orden social. Ley ésta que ya está siendo muy celebrada por esa derecha que actúa al filo de la Constitución y en contra de las libertades individuales de quienes se oponen al régimen. Estamos en manos de bellacos. No me cansaré de repetirlo.
Entretanto, en Navarra se ha celebrado otra cosa, mucho más feliz, un verdadero triunfo de las víctimas de la dictadura: la aprobación de una ley de memoria histórica sacada adelante por la mayoría parlamentaria progresista de Navarra.
Era previsible que esa ley no gustara a la derecha que se ha abstenido de votarla o lo ha hecho en contra, fiel a sus principios de pasividad, inoperancia, pasar páginas en balde, burlar por sistema la insuficiente Ley de Memoria Histórica, apoyar de facto la barbarie de los alzados y no querer condenar de frente y de una vez por todas un régimen dictatorial y sus consecuencias… lo que llaman con desparpajo “consenso”, el del no remover. Todo lo que les molesta o les hace ver que hay una mayoría social que quiere otra forma social, es “romper el consenso”, enfrentar, reavivar las heridas que no fueron cerradas jamás. La derecha navarra no ha estado nunca a favor de una acción social en pos de la Verdad, la Justicia y la Reparación, jamás: papeles mojados, marrullerías y palabras de madera.
El contenido de esa breve ley foral es de verdad progresista y revolucionario en varios aspectos. Uno de ellos, fundamental a mi modo de ver, es el de que sea cursada una petición oficial de anulación de los juicios del franquismo y de sus consecuencias personales y económicas. Aquí estamos frente a una actuación de condena frontal y de restitución moral plena de las víctimas, o casi, dado que el franquismo y la acción criminal de los sublevados produjeron daños irreparables. La pervivencia de ese corpus judicial sigue dando apariencia de legitimidad a la dictadura. Es preciso desautorizar por completo sus leyes y las consecuencias de su aplicación en condiciones de burla y completa indefensión que hacía de la acción de magistrados cómplices una farsa descarada. Es preciso, cuando menos, denunciar de manera institucional cuando menos esa farsa, que quede claro que no tuvieron legitimidad alguna en el amparo legal de cobertura que buscaron para sus abusos.
Y junto a lo anterior, algo más importante de lo que parece: el prescribir una actitud activa de las instituciones en orden al reconocimiento de los hechos y de las víctimas: los actos institucionales. Ahora no caben subterfugios y ese hacer como que se hace para no hacer tan habitual hasta ahora. Si el Gobierno actual no cumple la Ley del Parlamento se denuncia a sí mismo (de nuevo). Y aquí mismo me detengo porque no quiero ser agorero y ensombrecer el triunfo.
Asimismo, conviene no olvidar que esta ley no hubiese sido posible sin el empeño de las víctimas y de quienes les han sostenido dentro y fuera del Parlamento foral a lo largo de muchos años. Todo un logro social y político.
Frente a este triunfo de una mayoría social progresista, el ministro del Interior quiere sacar adelante una ley de seguridad ciudadana que, en la práctica, es una ley que quiere garantizar la impunidad de los abusos policiales alentados y planeados desde el gobierno: pasar del limbo (palabras de Fdez.) al paraíso. Nada nuevo ni nada que pueda sorprendernos. Fernández Díaz no es un demócrata ni de lejos, sino alguien que, una actuación detrás de otra, ha ido revelando un acusado perfil patológico. Las suyas han sido actuaciones confesadas (tirar de hemeroteca) en el filo de la ley y en ese lado de las cloacas del Estado en las que este burócrata del autoritarismo neoliberal se mueve a sus anchas: el de la sordidez malévola del sometimiento de unos ciudadanos por otros de mejor clase y casta, todo ello albardado de una religiosidad repulsiva en la que tal vez encuentre inspiración para lo que se revela como una perversión política. Recordemos que comparó al aborto con ETA.
Ley de Orden Público, pues, y enseguida tribunales que la apliquen, es decir, tribunales de orden público al servicio del gobierno: el TOP del franquismo. Es de no creer, oyes decir, pero no, al revés, es de mucho creer y venía ya muy anunciado.
La del ministro Fernández va a regular las “ofensas a España”, es decir, que nadie va a poder decir que éste que han formado es una mierda de país, y endurecer todo ese sistema perverso de multas administrativas cuyo objetivo es acoquinar a la población. Ésta es una ley elaborada ex profeso para acogotar más a una población exhausta, empobrecida y quitarle las ganas de echarse a la calle. No se trata de salvaguardar la seguridad del ciudadano, sino la impunidad de un régimen neoliberal y autoritario. Es una ley para blindarse. De ahí a atentar de manera seria contra la libertad de expresión y el derecho a la información no hay ni siquiera un paso. Prohibir la difusión de imágenes de la bestialidad policial es algo más que un recorte al derecho a la información, es la ocultación de pruebas de actuaciones que pueden ser delictivas. Se comenta solo.
El Consejo de Europa ha denunciado la deriva autoritaria del gobierno y la amenaza y recorte de libertades individuales, y la vulneración sistemática de derechos ciudadanos. Denuncia ésta a la que el Gobierno del PP ha hecho oídos sordos.
Ahora queda por ver algo que resulta crucial: la voluntad de cambio social. Es decir, comprobar si los partidos o formaciones políticas que aspiran a ese cambio social cada día más necesario contemplan el compromiso de la abolición de todas y cada una de las leyes dictadas durante estos años de autoritarismo en blindaje de un violento régimen policial de nuevo cuño o van a aprovecharse de ellas en propio beneficio.
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