No puedo menos que lamentar la muerte del mozo vizcaíno a consecuencia de un disparo de antidisturbios en la cabeza. El consejero Ares dice que va a depurar responsabilidades. Bien está, pero esa es, o lo ha sido hasta ahora, una de las frases más huecas de entre las que acostumbran a pronunciar los políticos para tranquilizar a la ciudadanía, como si esta confiara a estas alturas en ellos y en las instituciones. La ciudadanía, o al menos una parte de ella, sabe que esa es una forma de pasar página y de calmar los ánimos que gente como Ares saben tornadizos. Su mejor aliado es siempre el tiempo. Hay que ganarlo y conseguir que, sea lo que sea, que esté bajo investigación burocrática, e incluso judicial, obtenga la debida dilación, que las cosas se alarguen, cuanto más tiempo, mejor. Cuando se concluya el expediente tal vez se vea lo de siempre: nada.
Entiendo el dolor de la familia y entiendo que no quieran que nadie instrumentalice ese hecho luctuoso e irreparable, pero eso no puede ser obstáculo para que los demás reflexionemos sobre lo sucedido y sus porqués.
Me temo que esa actuación policial en extremo violenta y muy probablemente excesiva y desproporcionada no es un hecho aislado, sino un estado de cosas: la institucionalización de la violencia de Estado en aras del principio de autoridad, de la seguridad ciudadana, de la defensa de la democracia y de la lucha contra el terrorismo y etcétera, todo lo que se les vaya ocurriendo para justificarla y aplaudir y enjuagar sus excesos. Una violencia practicada tanto por uniformados como por matones de compañías privadas de manera impune, a quienes veremos pronto elevados al rango de autoridad incuestionable, con independencia de si tiene antecedentes penales o merecen tenerlos. Los excesos en las actuaciones policiales son cada vez más frecuentes. Un principio de autoridad desigual que favorece a una clase o a unos estamentos sociales, en perjuicio de otros, los más desfavorecidos socialmente, los excluidos o los que van camino de serlo en un futuro próximo. Insisto en que se habla más de restricciones y destrucción de empleo que de creación de este.
No hace falta pertenecer al ámbito de los execrados antisistema para darse cuenta de que el Gobierno del PP se está blindando ante la amenaza de serias protestas sociales como consecuencia de la crisis económica y de las medidas o no medidas que se están tomando en apariencia dirigidas a paliarla. Esta ya es una historia que hemos repetido mucho en esta página. Lo dijo hace meses un consejero del Banco Central Europeo: se extrañaba de que en España no hubiese habido desórdenes sociales provocados por la grave situación económica padecida por una clase casi por completo condenada a la desposesión de bienes y ventajas sociales. Hay riesgo de amotinamiento social sostenido y hay hartadumbre. Podrían articularse protestas civiles de resistencia social, pasiva, pacífica, difíciles de controlar… palos preventivos.
El principio de autoridad por encima de todo. De modo que ya todo es resistencia a la autoridad, atentado a la autoridad, desobediencia a la autoridad… Todo es autoridad. Lo saben los que por abrir la boca, por preguntar, han sido procesados. Estos días pasados hasta en los apartados tendencias de los informativos se ocupaban de los tartazos a la Barcina. Se echaban las manos a la cabeza: “¡10 años por un tartazo!”…, pero estoy seguro de que no les parecía un exceso, sino que disfrutaban con ello. La camada de la Barcina espera un castigo ejemplar para que se vea quién es quién.
Ahora viene el criminalizar al máximo la resistencia pacífica, las sentadas que ya los testimonios de parte convertían de manera abusiva (falso testimonio corporativo) en violentas. Ahora será delito convocar manifestaciones y sentadas por Internet o por telefonía móvil, penetrar en establecimientos públicos lo mismo. Ahora todo va a ser banda armada, crimen organizado, organización criminal, cuál, cuáles, ¿el mismo aire? Las manifestaciones como procesiones del Corpus. La Legión levantando al Cristo y con él la patria (siempre en peligro, no hay que olvidarlo y confundida con las cuentas corrientes y la ingeniería financiera). Todo encaja en este damero maldito.
Dicen que se trata de atajar los actos vandálicos. Eso no se lo cree nadie en la medida en que estos son notoriamente minoritarios frente a las actuaciones masivas. Van a vigilar las redes sociales y los medios de comunicación. El delito de opinión está a un paso y lo saben. Cuanta menos disidencia, mejor. Manos libres.
La excusa es Barcelona, pero ellos mismos reconocen que hace meses que vienen urdiendo medidas para completar su estado policial y autoritario. No quieren un 15-M, como no quieren otra concentración ante Génova que pueda tumbarlos. Están tomando medidas impopulares e injustificables y necesitan blindarse.
Sospecho que detrás de la penalización de la resistencia, pasiva o activa, pacífica y violenta, a la autoridad -a criterio policial claro: hasta ahora con dos testigos de calidad uniformados podías darte por perdido sin que al juez le haya temblado el pulso jamás-, va a venir la persecución de los medios de comunicación más radicales, por mucho que solo sean leídos entre conjurados y que encuentren sobre todo acogida en Internet. Control y prohibición de todo aquello que de cerca o de lejos atente contra su principio de autoridad, menoscabe esta o suponga la defensa de derechos elementales y una propuesta de oposición firme a las actuaciones políticas. De los grandes medios no se ocupan porque es raro que en ellos se publique algo de verdad crítico contra el sistema policial y autoritario, contra los excesos policiales y judiciales poco o nada rentables.
El fantasma de la ley de libelo asoma de nuevo en el horizonte como hace años y con él el desacato. Son medidas complementarias de esas que hoy toma el gobierno para blindarse. ¿De quién es la calle? Su modelo, Fraga, dijo que era de él. A por ella. Ya mataron y no pasó nada. Corren el peligro de perderla. Las manifestaciones del 29-M se lo demostraron: banda armada, asociales, organización criminal, terroristas… tienen donde ubicar a quien alce la voz de otra manera que no sea la reglamentaria, y la reglamentaria es una mordaza de papeleo y burocracia.
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