Del Fuerte de San Cristóbal

EN Navarra sigue muy vivo el franquismo, y no es cuestión de entrar o no en polémicas, sino de restablecer una democracia plena. Cada cual demuestra con sus actos lo que es. Y aquí siguen presentes realidades antidemocráticas e inconstitucionales.

a) Elemental, míster Watson. El Fuerte-penal de San Cristóbal sigue siendo propiedad del ejército español, por la sencilla razón de que la reversión a Navarra depende del Gobierno de UPN, que se opuso, junto con la derecha hermana del PP, a la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados (25-IV-2006), precisamente, en la Comisión de Defensa, para que el Gobierno central retomara “las conversaciones con el Gobierno de Navarra” para establecer un convenio que, junto con la cesión, posibilitase “un proyecto que favorezca la utilización del citado Fuerte con fines recreativos y sociales y que sirva además como homenaje a todas las víctimas del Fuerte de San Cristóbal, de acuerdo con la declaración aprobada este mismo año por el Parlamento de Navarra”.

b) Buenas intenciones no, destrucciones. No es una cuestión de intenciones, sino la constatación de que han sido destruidos muros que formaban parte del penal represivo. Muros de cierre del patio entre las brigadas y los pabellones, y de acceso al locutorio, cuya eliminación falsea sustancialmente el recinto carcelario. Se desconoce qué otras limpiezas se han llevado a cabo en las brigadas (donde morían los reclusos en condiciones infrahumanas), al estar excluidas de las visitas, pues según la gente de bien hay que hacer abstracción de las ideas políticas.

c) Medidas contrarias a la consideración de monumento. El Fuerte se declaró BIC, con categoría de monumento, por Real Decreto 1265/2001 de 16 de noviembre, lo que obligaba a su propietario a hacerse cargo del mantenimiento, lo que no ha cumplido durante siete años, que se dice pronto.

Pero la ley correspondiente, en su Título II (de los bienes inmuebles) dice que la incoación de expediente de declaración de interés cultural y su declaración como BIC supone que:

1) “Determinará la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas (…)”. (Art. 16.1).

2) “No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social (…)”. (Art. 18).

3) “En los monumentos declarados bien de interés cultural no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias (…)”. (Art. 19.1).

Así las cosas, y aunque el Ejército le devuelve la pelota a Príncipe de Viana, resulta difícil imaginar qué razones de fuerza mayor pueden justificar ambos para saltarse la ley. Bueno, imaginar es un decir, pues de la mano de tan ilustre consejero de cul-turismo y helicópteros, vimos tirar al vertedero el legado arqueológico de la plaza del Castillo…

d) ¿Variadas sensibilidades hacia el Fuerte? El periódico Público informaba recientemente de que 336 símbolos franquistas adornan hoy los edificios militares, y el ejército sólo accede a retirar 25. Es lógico y comprensible que con sensibilidad tan democrática, nos hablen con naturalidad de “respetar” todas las “variadas sensibilidades hacia el citado Fuerte”, censurando la verdad de lo ocurrido. Pero en democracia no todas las “sensibilidades” son respetables, especialmente las franquistas. Algo tan elemental que da vergüenza tener que recordarlo y padecerlo, mientras en Europa se aplican penas de cárcel a quienes intentan mantener ideas complacientes con el negacionismo.

e) Punto… y seguido. ¿Por qué se ha impedido a las víctimas del Fuerte acceder a su interior para recorrer el lugar donde fueron víctimas del terror, cuando sí se les ha permitido a otras gentes? Muchos de aquellos supervivientes, que volvieron hasta las puertas cerradas del Fuerte, han muerto, y nunca su propietario tuvo con ellos la menor muestra, no ya de justicia o humanidad, sino de elemental educación.

La sombra de los vencedores sigue siendo alargada… pero la ciudadanía tenemos derecho a utilizar las leyes para hacerlas cumplir. No lo olvidemos.